La Junta y el TSJA eliminan más de 94.000 expedientes sin valor
Son documentos antiguos que se han destruido para liberar espacio en los archivos
La Consejería de Justicia e Interior de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a través de la Junta de Expurgo, ha eliminado un total de 94.794 expedientes judiciales antiguos y sin valor de los juzgados de Córdoba guardados en 2.162 cajas, con el objetivo de liberar espacios en los archivos.
Según los datos facilitados a Europa Press por el Gobierno regional, los expedientes destruidos proceden de los juzgados de Instrucción número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la capital, y de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lucena, y correspondían a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.
En concreto, esta actuación es fruto del acuerdo que ha sido adoptado por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para la destrucción selectiva de aquella documentación carente de interés para ser conservada y procedente de los órganos judiciales de Córdoba.
Saturación
Al respecto, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha asegurado que «este proyecto pretende dar respuesta a uno de los problemas más acuciantes de la Administración de Justicia como es la saturación de los archivos judiciales y la falta de espacio en sus instalaciones, y que, desde luego, ofrecen una imagen desfasada de este servicio público».
Ambrosio argumenta que «no tiene ningún sentido conservar expedientes que no tienen ningún valor ni interés y que están ocupando inútilmente un lugar en los archivos, un espacio que necesitamos liberar para acoger nuevos documentos o bien destinarlo a otros usos más perentorios».
Esta destrucción selectiva de documentación judicial ha sido acordada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser eliminada o conservada, garantizando la confidencialidad de los archivos.
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa que se encuentra presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Archivos de Justicia, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.
Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
La delegada del Gobierno autonómico en la provincia ha reconocido «la gran labor e implicación de los secretarios judiciales en el desarrollo de esta iniciativa, así como el trabajo de los funcionarios de auxilio judicial que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior».
Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.
El tribunal andaluz ha valorado la destrucción de documentos judiciales y ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial «que colaboran de forma decidida con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior», apuntó la Administración regional.
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