La Junta adeuda el salario social a 4.200 personas desde hace hasta 7 meses
Cuatro familias relatan a ABC cómo sobreviven sin ingresos a la espera de esta ayuda de emergencia. Comen cada día gracias a Cáritas y Cruz Roja
aguar la leche para sacar de un vaso dos es lo que hace Rocío cada mañana con sus hijos de 10 y 11 años en el Polígono Guadalquivir antes de llevarlos al colegio. Literalmente no tienen para comer, ni, por supuesto, para pagar la luz o el agua. El gas lo tienen cortado. En febrero solicitaron el salario social y estos últimos siete meses se les han hecho los más largos de su vida. Aún no han visto un euro en su cartilla. Las políticas sociales de la Junta de Andalucía destinadas a luchar contra la pobreza y, concretamente, el denominado Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), están en el punto de mira, después de que el Partido Popular revelase que la Administración autonómica lleva desde febrero de 2014 sin resolver y sin pagar esta ayuda. Según las estimaciones de la oposición, más de 4.200 solicitudes de salario social de cordobeses están esperando su resolución.
Los problemas para percibir esta ayuda no son nuevos. El Defensor del Pueblo ya alertó el pasado año de los retrasos en la tramitación, que en ocasiones se demora casi un año a pesar de que la familia que acude a solicitar este salario social está en situación de emergencia.
En esa difícil encrucijada está la familia de Rocío. Esta mujer, su pareja y sus dos hijos subsisten con ayuda de Cáritas y lo poco que gana ella en un programa de ayuda a domicilio, desde hace unas semanas, «se lo traga el banco antes de que pueda enseñar la cartilla por ventanilla después de dos años sin que entre un sueldo a casa». Rocío fue de ese grupo de cordobeses que solicitó el pasado mes de febrero el salario social, y desde entonces han pasado siete largos meses, en los que los cortes de luz, agua y ahora el gas han sido constantes. Ha comenzado el colegio sin lápices nuevos y con ropa usada del ropero de Cáritas. Las deudas y embargos de esta familia que vive en un piso social, en régimen de alquiler bajo –que no pueden afrontar por muy bajo que sea–, no les deja levantar cabeza. Rocío no sabe lo que es ir al supermercado desde hace meses. Lo máximo a lo que aspira es ir con la tarjeta del economato de Cáritas a por algunos productos de primera necesidad. Cáritas además le ayuda a pagar la luz mientras aplazan el recibo del agua. El padre de familia lleva parado desde que comenzó la crisis. Ni de albañil, ni en la aceituna. El último trabajo fue el de recoger hierros de los olivos, por el que recibió 100 euros por tres días. Ni siquiera puede salir a por chatarra porque le multan. Han vendido su coche, los muebles de su casa, el equipo de música y todo lo que han podido. Aún así reconoce que por lo menos tiene un techo, no como su cuñado, que vive con dos niños muy pequeños en un local ocupado sin ayuda ninguna ni posibilidad de tenerla al no poder empadronarse en ningún lugar, lamenta Rocío.
Esta familia estará así hasta que llegue esta prestación económica mensual, que según recoge la Junta «va dirigida a las unidades familiares más desfavorecidas y consiste en el equivalente al 62% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente (397,67 euros), incrementada en un 8% (51 euros) por cada miembro distinto a la persona solicitante, hasta un máximo similar al 100% del SMI (641 euros), que se cobran por un tiempo máximo de seis meses». Ésa es la teoría.
En Andalucía, el Gobierno de PSOE e IU se ha comprometido a regular por ley esta ayuda para convertirla en un derecho y el Parlamento andaluz trabaja en la renta básica, pero aún no está ni definida.
Situaciones límite
Otra de las vecinas del Polígono Guadalquivir en esta difícil situación es Adela. Separada y abuela a los 40 años –con una hija de 11 y otra de 18 que acaba de tener un bebé– vive con una ayuda de 200 euros que no da para pañales y leche infantil. Sin recibir ni un euro de su ex marido reconoce que debe mucho dinero al de la tienda del barrio. Esta mujer que ha trabajado de limpiadora en varias empresas, en casas particulares, incluso se ha dedicada a la venta ambulante, ya ha tocado fondo. Adela le habla de tú a tú a la Junta, a la que suplica que se haga cargo de lo que están pasando familias como ella. «Hay familias que tenemos que subsistir con muy poco, ni con lo básico, por lo que que no nos vean como expediente, somos personas», dice. Mientras llega esta ayuda, solicitada hace tres meses, Adela y su tropa sobreviven con cheques de Cáritas, «gracias a la Iglesia», repite y no se cansa de recordarlo. Otra de estas situaciones de emergencia a la espera de este salario social es la que vive la familia de Beatriz en Virgen del Mar. A sus 36 años, con un hijo de 18 años y otro autista de 6 años, esta familia no pueden pagar ni la comida, mucho menos la terapia que necesita este pequeño. Perdieron su casa en Bujalance, en dación de pago al banco, y en Córdoba intentaron montar un negocio en la hostelería que sólo dejó un montón de deudas. Desde entonces, al marido apenas le salen algunas sustituciones de verano en un fábrica que no les da para poder comer asfixiados por las deudas. La primera vez que solicitaron el año pasado el salario social, le tardó 9 meses. Esta última vez, la han solicitado en marzo, y todavía no tenemos respuesta. Sólo saben que está aprobado, pero mientras tanto, la comida les llega de la mano de Cruz Roja a casa a modo de cocina precocinada, porque antes con 20 paquetes de lentejas y 20 de garbanzos no teníamos para echarle nada más a la olla.
Los vecinos de su comunidad los han denunciado por impago. Dos años sin poder pagar un recibo. Mientras, la ayuda para su hijo de 6 años autista por la Ley de Dependencia tampoco les llega. Y no son los únicos. Los últimos datos hechos públicos por Igualdad, Salud y Políticas Sociales, relativos a 2013, ponen de manifiesto que las personas que se encuentran en una situación crítica y que carecen de cualquier otra prestación económica se han disparado. Así, durante el pasado ejercicio, la Junta atendió a más de 7.000 familias, que suponen un 48% más con respecto al año 2012 cuando fueron resueltas favorablemente un total de 4.761 peticiones.
Entre ellas familias de otros barrios fuera de los de circuitos de trabajos sociales como un matrimonio de Mirabueno, de 33 y 34 años. La crisis le pilló como técnico de aire acondicionado al que no le importa echar horas en la hostelería. Dos años parados y apunto de perder su casa por no poder hacer frente a la hipoteca con una hija pequeña. Solicitaron el salario social en marzo y sin noticias hasta hoy. Sobreviven de Cruz Roja y familiares.
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