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Las denominaciones de origen tendrán un regímen jurídico común

Los consejos reguladores aplauden la norma que adapta la ley española a la regulación europea

S. E.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, como adelantó ABC, un proyecto de ley de denominaciones de origen (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma, para ofrecer un marco «jurídico único, moderno y compatible» con la legislación comunitaria. Según la nueva norma todas las denominaciones de origen tendrán un marco jurídico idéntico, independientemente del tipo de producto que regulen, ya sean de origen vínico, o de origen agroalimentario no vínico, con unos criterios comunes en cuanto al procedimiento para su reconocimiento, protección, control y la regulación de su gestión.

Como avanzó ABC, esta norma pone fin a que los propios consejos controlen lo que producen. A partir de ahora será el Ministerio de Agricultura quien lo hará, evitando así las reticencias de Bruselas ante la situación actual.

Doce productos

En España existen 323 DOP e IGP registradas, de las cuales 12 son de ámbito territorial supraautonómico. Cuatro son de vino (DOP Cava, DOP Rioja, DOP Jumilla e IGP Ribera del Queiles), dos de jamón (DOP Guijuelo y DOP Jamón de Huelva), dos de queso (DOP Idiazábal e IGP queso de los Beyos), dos de carne (IGP carne de Ávila e IGP cordero Segureño), una de arroz (DOP Calasparra) y una de hortalizas (IGP espárrago de Navarra).

El valor económico de las mismas alcanza en vino 1.579 millones de euros –lo que representa el 60% del total de los vinos con DOP– y, en productos no vínicos, 113,6 millones de euros, lo que supone el 10,7% del total de estos productos con DOP o IGP.

A su vez, la superficie afectada alcanza, en caso de los vinos, las 117.550 hectáreas y, para los productos agrícolas, (Calasparra y espárrago de Navarra) se sitúa en casi 2.000 hectáreas.

Satisfacción en el sector

El presidente del consejo regulador de la denominación de origen Rioja, Luis Alberto Lecea, afirmó ayer a Efe que el proyecto de ley cumple con las expectativas de la DOCa Rioja, que lleva «once años intentando mantener su modelo» y que se hubiera «roto» si no se otorgaba a los veedores autoridad. Este proyecto de ley reconoce a los veedores del consejo regulador la presunción de veracidad y certeza y, cuando levanten acta, esta tendrá la consideración de solicitud de iniciación de un procedimiento sancionador.

Por su parte, la directora técnica del consejo regulador de carne de Ávila, María del Mar González, explicó a ABC que «era algo necesario para adaptase a la normativa de la Unión Europea». Una medida que «solo afecta al régimen interno», ya que harán que pasen a ser una corporación de derecho público, pero que los consumidores únicamente notarán en que «habrá más controles de seguridad y de calidad», recalcó.

Además, reconoció que «llevamos tiempo trabajando en este anteproyecto», por lo que reiteró su satisfacción con el mismo, informa José Luis Martín.

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