NI UN DÍA MÁS DE IMPUNIDAD EN CATALUÑA

La Generalitat catalana protagoniza una clara insumisión contra la Constitución. Es necesario desarmar al nacionalismo de las competencias con las que de manera flagrante vulnera la ley

LA firma por parte de Artur Mas del decreto de composición de la «junta electoral», designada para la consulta ilegal del 9-N, representa un acto indiscutible de vulneración consciente de la legalidad y de desobediencia a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional respecto de la ley autonómica de consultas y el decreto de convocatoria del referendo separatista. La respuesta a esta ilegalidad no puede diluirse en el debate o en el cálculo de oportunidad política. El Gobierno –a través del Servicio Jurídico del Estado– y la Fiscalía General del Estado no deben demorar el planteamiento de acciones legales ante los tribunales de Justicia. Acciones que, según anunció ayer la presidenta del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se llevarán a cabo la semana próxima. El decreto de composición de la denominada «comisión de control de las consultas populares no referendarias» ha de ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa con la petición de que se suspenda cautelarmente de forma inmediata.

Sin embargo, las responsabilidades legales no acabarían ahí. Mas debe responder personalmente por lo que está haciendo, con el Código Penal en la mano. Es posible que Artur Mas esté buscando el martirio patriótico con una imputación de prevaricación o desobediencia, pero tales motivaciones personales no deben frenar la acción del Estado en defensa de la ley y de la Constitución.

El Parlamento y el Gobierno de Cataluña son los protagonistas directos, aunque en ocasiones se sirvan de testaferros, de esta insumisión contra la Constitución. No hay otro enfoque realista de lo que está pasando, que no es un debate entre políticos, sino una encrucijada para la esencia misma del Estado español. Se ha llegado al punto crítico en el que la dosificación cautelosa de la respuesta legal e institucional puede empezar a generar dudas sobre la voluntad del Gobierno de la nación de llegar hasta las últimas consecuencias. Las competencias autonómicas de la Generalitat catalana se están empleando contra el Estado. El ordenamiento jurídico permite actuar en las vías penal y administrativa, pero esta opción, por sí sola, supone ir siempre por detrás de los acontecimientos que protagonizan Mas y sus socios separatistas. Es necesario desarmar al nacionalismo de las competencias autonómicas con las que de manera flagrante está vulnerando la legalidad, porque la amenaza para el Estado no solo consiste en el uso que los separatistas hagan de esas competencias, sino en el hecho de que están en manos de un frente conjurado para desestabilizar España, justo en el momento en que más falta hacen la seguridad política y la estabilidad institucional para salir de la crisis económica. El Estado, en su propia defensa, debe atacar este desafío desde la raíz.