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Los votos del PP dan luz verde a la Ley de Propiedad Intelectual en el Senado

El texto pasará ahora al Congreso, donde ya no se admiten modificaciones, para su ratificación. Su entrada en vigor tendrá lugar el 1 de enero de 2015

S. GAVIÑA

No hubo sorpresas ayer en la votación del texto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que salió adelante con los 132 votos a favor del PP), 90 en contra y tres abstenciones. El Grupo Popular rechazó los seis vetos y todas la enmiendas de la oposición (204), como sucedió en la tramitación del Congreso, y solo aprobo sus cinco enmiendas.

Los modificaciones afectan especialmente en el apartado de la piratería, a la ventanilla única. Si en el Congreso el Grupo Popular estableció ya que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de piratería, pudiera intervenir siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas, ahora han endurecido las sanciones económicas. Así, las multas máximas de 300.000 euros pasan a los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos que vulneren los derechos de autor. Unas sanciones que también afectarán a los intermediarios, como aquellos anunciantes de publicidad que aparecen en las web infractoras. También varían las multas mínimas, que pasan de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros, informa Ep.

Refuerzo Sección Segunda

Otra de las novedades es el refuerzo de la Sección Segunda. Un requerimiento reiterado de los creadores que se ha quejado en numerosas ocasiones de la falta de personal y de que este estuviera formado por funcionarios. Según fuentes consultadas por ABC, la Sección Segunda «cuyo procedimiento es adminitrastivo por lo que no se puede externalizar el trabajo de los funcionarios, se modifica con la composición con un experto del ministerio de Justicia. Hemos añadido así el número de vocales».

En el capítulo de las entidades de gestión de derechos de autor, y con el fin de dotarlas de mayor transparencia, la ley establece obligaciones para mejorar la identificación y localización de los titulares de derechos a quien deben realizar los pagos y la posibilidad de crecimiento del reparto o de la compensación de los excedentes negativos de las entidades.

Asimismo, se crea un mecanismo de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar, en el plazo de cinco meses, a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones. De esta forma, se pretende simplificar y reducir los costes de transacción para los usuarios, tales como restaurantes, hoteles o peluquerías, entre otros. Algo que tampoco ha gustado a los representantes de las entidades de gestión al considerar que al abarcan temas tan distinos dificultará una buena gestión.

Otra novedad de esta reforma es la transposición de dos directivas. Por un lado, la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años. Otra hace referencia a las obras huérfanas y tiene como objetivo establecer un marco legislativo que garantice la seguridad jurídica en el uso de estas obras por parte de las instituciones culturales y de los organismos públicos de radiodifusión.

Otro de los cambios introducidos limita a diez el máximo que se puede reproducir una obra en el ámbito científico y académico, a petición de colectivos como CEDRO y la CRUE. Asimismo, el Grupo Popular ha incorporado la transposición de una directiva europea sobre derechos de alquiler y préstamo de libros «para aclarar que es el préstamo de libros» y evitar que «bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro».

Entrada en vigor

Los populares han modificado la disposición final cuarta, para establecer la entrada en vigor de toda la ley en enero de 2015 y no al día siguiente de su publicación en el BOE, como así estaba contemplado en un principio. Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE la labor de las secciones Primera y Segunda de Propiedad Intelectual contra la piratería «on line», la nueva regulación en el derecho de cita y reseña con fines educativos y científicos, así como lo establecido en el reparto, pago y prescripción de derechos a las entidades de gestión que establece la ley.

Sin cambios

Ninguna de las modificaciones aprobadas por el PP afectaba a dos de los temas más controvertidos del texto: la compensación por copia privada y la conocida como «Tasa Google». Las movilizaciones realizadas las últimas semanas por las entidades de gestión pidiendo la modificación del texto o la retirada de la ley, ni la consulta realizada por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia Europeo para saber si era compatible con la normativa europea han cambiado un ápice la redacción, que se ha mantenido igual, con una partida de cinco millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Tampoco se ha incorporado variaciones sobre la conocida «Tasa Google», a pesar del órdago lanzado por el agregador de noticias que ha asegurado que de aprobarse la ley cerraría Google News en España.

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