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OTRO GOLPE A LAS CLASES MEDIAS

Gravar la venta de inmuebles de segunda mano acentuaría aún más el duro castigo que ya han sufrido las clases medias, cuyos hombros han resistido, en gran medida, el peso de la crisis

LA reforma fiscal del Gobierno, cuya tramitación se encuentra en el Senado, es positiva en términos generales, ya que rebajará el IRPF y el Impuesto de Sociedades, pero también incorpora una injusta sorpresa para los propietarios de vivienda que, sin duda, debería ser eliminada. Desde el próximo enero, la venta de inmuebles de segunda mano sufrirá una fuerte subida de impuestos, especialmente en el caso de los pisos más antiguos, debido a la eliminación de los coeficientes de actualización y abatimiento, que reducen de forma sustancial la factura con Hacienda. El primero permite corregir el valor de la vivienda en función de la inflación, descontando la subida general de precios registrada con el paso de los años, mientras que el segundo aplica una deducción extra sobre la venta de inmuebles adquiridos antes de 1995, la mayoría del parque inmobiliario español. Suprimir ambas bonificaciones se traducirá en un hachazo fiscal para todos los contribuyentes que quieran vender su casa, salvo limitadas excepciones: mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual o quienes reinviertan la plusvalía en la compra de otra primera vivienda.

Así, por ejemplo, si alguien compró un piso por 6.000 euros en 1978 y ahora lo vende por 120.000, la cuantía actual a pagar sería de 6.595 euros en el IRPF, pero la factura superará los 26.000 a partir del próximo año, un aumento de casi 20.000 euros. Además, la subida también afectará a las donaciones. Se trata de una medida abusiva y profundamente errónea, cuya única finalidad es recaudar, una vez más a costa de la sufrida clase media, fuertemente golpeada por la crisis y por las anteriores subidas de impuestos. Eliminar dichos coeficientes es una clara injusticia, ya que, en primer lugar, impide descontar la inflación y, por tanto, se tributará muy por encima de la plusvalía real generada, y porque, en esencia, supone cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Además, cabe recordar que la vivienda, que representa el principal activo patrimonial de las familias españolas, se ha convertido en el objetivo número uno de las haciendas locales durante estos últimos años para tratar de elevar la recaudación mediante constantes y agresivas subidas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Este nuevo incremento acentuaría aún más el duro castigo que ya han sufrido las clases medias, cuyos hombros han resistido, en gran medida, el peso de la crisis, al tiempo que sus bolsillos soportan el grueso de la presión fiscal. Se trata de un inmerecido e innecesario golpe a muchos contribuyentes, que, por si fuera poco, constituyen la base electoral del PP. Este hachazo carece de sentido económico, presupuestario e incluso político.

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