LA JUSTICIA CIERRA EL PASO A LOS PUJOL

Mientras va enmudeciendo la consulta del 9-N, el caso Pujol escala posiciones como un escándalo que trasciende a la familia protagonista, y señala directamente a un régimen político y social

LA operación policial ordenada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor del expresidente Pujol, es un paso más —que ya incluye el arresto, aunque después fuera puesto en libertad— en el desenmascaramiento de la trama de negocios presuntamente ilegales de este clan tan querido para el nacionalismo catalán. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional registró simultáneamente el domicilio de Oleguer Pujol y las diversas sedes de empresas relacionadas con sus actividades empresariales en Madrid, Barcelona, Melilla y Valencia. El hijo menor de Pujol permaneció detenido durante unas horas por la Policía, al igual que su socio Luis Iglesias, para evitar que perjudicaran la obtención de pruebas, especialmente las de carácter informático, ante la sospecha de que los detenidos podrían borrarlas a distancia. El origen de esta investigación es la participación de Oleguer Pujol en una macroventa de oficinas del Banco de Santander, para la que contó con un crédito sindicado de más de dos mil millones de euros. La clave de esta investigación es la localización del origen de los fondos con los que Oleguer Pujol pudo realizar esta operación, de magnitudes económicas inusuales.

La ofensiva judicial contra Oleguer Pujol se produce al día siguiente de que el juez Pablo Ruz imputara a once empresarios por sus relaciones con su hermano Jordi Pujol Ferrusola en las adjudicaciones de contratos públicos. Cada decisión que toman los jueces instructores agiganta las dimensiones de esta trama familiar y, más allá de los Juzgados, hace inverosímil el desconocimiento por su entorno social y político de cuanto sucedía. El enriquecimiento de los hijos de Pujol adquirió un volumen tal, y lo hizo con tal rapidez, que quien estuviera cerca necesariamente tenía, al menos, que sospechar. Y, sin duda, no habría sido posible amasar esas fortunas si los colaboradores políticos del ex Honorable no hubieran guardado un obediente secreto, en el mejor de los casos. En el peor, si no hubieran actuado como cómplices, cooperadores o encubridores de sus posibles delitos.

El nacionalismo catalán ha desarrollado la versión patriótica de la corrupción, en la que se disculpa a quien la practica siempre que sea un líder carismático de la nación. Mientras poco a poco va enmudeciendo la consulta del 9-N, y aunque Artur Mas invente una caricatura de referendo para sustituirla, el caso Pujol escala posiciones como un ruidoso escándalo que trasciende a la familia protagonista, y señala directamente a un régimen político y social que ha consentido la corrupción hasta el extremo de convertirla en seña de identidad.