«MANTENER NUESTRO PATRIMONIO»

Como los «buenos comunistas», la autora parece deducir que la comunidad garantiza la preservación mejor que la propiedad privada

PROVERBIAL cual es la liberalidad editorial de ABC, hay veces que llega a extremos que la hacen inverosímil, incluso para los que escribimos en sus páginas. Este diario publicaba ayer una carta al director en la que era casi imposible acumular mayor número de falsedades en menor número de palabras. Arremetía la autora contra la enmienda 278 que plantea el PP en el Senado a la ley de Parques Nacionales. Decía en su texto que «a los propietarios se les da carta blanca para pescar, cazar y explotar el entorno sin ningún tipo de control». ¿Habrá estado esta señora alguna vez en una finca particular ubicada en un Parque Nacional? ¿Qué idea tiene ella de lo que es un control adecuado? Para empezar, es imprescindible saber que quien mantiene una propiedad privada dentro de un territorio designado «parque nacional» tiene que cumplir con infinidad de requisitos y reglamentos que encarecen enormemente el mantenimiento de ese espacio natural. Que si en todos los cotos de caza de España –aunque no estén en un «parque nacional»– hay un plan de caza que delimita las especies que se pueden cazar y el número de piezas máximo, en los «parques nacionales» esa tasación se hace con un rigor muy superior. Que cuando se producen cacerías o monterías en fincas privadas ubicadas en «parques nacionales» el control al que están sometidos los cazadores por parte del Seprona y de los Forestales de la correspondiente comunidad es bastante más riguroso que el que ejerce la Policía en barrios en los que es de conocimiento generalizado el tráfico de estupefacientes. Y en la mayoría de esas citas cinegéticas –al menos en todas a las que yo he asistido, que no son pocas– hay un representante de la autoridad por cada tres o cuatro cazadores que tienen en regla su licencia de armas, su permiso autonómico de caza, la guía de su arma y su seguro. Cuatro papeles por cazador además de todos los trámites burocráticos que conlleva un coto de caza. En la tristemente recordada tragedia del Madrid Arena había –según la Fiscalía– 22.800 asistentes. Los agentes de la Autoridad eran doce. Un agente por cada 1.900 personas...

Casi peor es el criterio que muestra la autora de la carta cuando dice que espera que «no se anteponga el interés de unos pocos y seamos capaces de mantener nuestro patrimonio»... Alguien debería explicarle que todo propietario de un coto de caza aspira, ante todo, a preservarlo. Y a que cada año haya más reses, no menos, hasta llegar al límite de lo que puede sostener un territorio. Como los «buenos comunistas», la autora de la epístola parece deducir que la propiedad de la comunidad garantiza mejor que la propiedad privada la preservación de un bien. Ya lo siento, pero no hay ni una prueba de que eso sea cierto. Y los guardas forestales tienen que hacer la caza que no hacen los cazadores en aquellos lugares en los que no hay cotos privados o donde las autoridades no venden permisos de caza. Las poblaciones de animales salvajes hay que controlarlas en ambos casos. El equilibrio medioambiental no consiente otra forma de supervivencia. Pero quizá la progresía más caduca prefiera que esa caza se haga con cargo a los impuestos de todos en lugar de dejar que se mate exactamente lo mismo, pero cobrando notables cantidades a los cazadores que lo hacen. Y sin que ello suponga la amortización de ningún puesto del Seprona o los forestales, que siguen padeciendo el mismo mísero sueldo. No paramos de mejorar.