HAY QUE PARAR EL NUEVO FRAUDE DE MAS

El problema no es ni ha sido nunca solamente la frustrada consulta del 9-N, sino la decisión del nacionalismo gobernante de volver contra el Estado una parte del Estado mismo

ARTUR Mas está preparando un fraude de ley para celebrar una caricatura de referéndum separatista en lugar de la consulta que convocó solemnemente y fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Ante esta expectativa de ilegalidad, el Consejo de Ministros encargó ayer a la Abogacía del Estado un dictamen sobre la pertinencia de un nuevo recurso ante el TC, el cual, en caso de que fuera admitido, provocaría la suspensión inmediata de esta segunda ofensiva inconstitucional del presidente de la Generalitat. El frente nacionalista orquestado por el tándem de Mas con la Asamblea Nacional Catalana de fuerza de choque en las calles, pretende aparentar que está planificando un acto simbólico y no recurrible para ejercer el «derecho a decidir», pero, desde el momento en que está comprometiendo recursos y medios de los ayuntamientos –mediante presión a los que se muestran disidentes– y del propio Ejecutivo autonómico, la iniciativa tiene trascendencia pública y legitima al Gobierno central para actuar ante los tribunales. Por el momento, el Gobierno de Rajoy se muestra precavido y se ha limitado a pedir informes jurídicos. Bien está la prudencia, pero siempre que estos trámites no sean la excusa para aplazar nuevas medidas legales. Por otro lado, es evidente que esta segunda convocatoria de consulta, al no tener las formalidades de la primera, podría provocar la duda de si es o no impugnable ante el TC, pero esas dudas deben desaparecer ante la evidencia de que es el presidente de la Generalitat, es decir, la principal autoridad del Estado en Cataluña, quien la está promoviendo, con aplicación de recursos de la Administración autonómica y municipal. En todo caso, el problema no es ni ha sido nunca solamente la frustrada consulta del 9-N, sino la decisión del nacionalismo gobernante de volver contra el Estado una parte del Estado mismo. Mientras este diagnóstico no se traduzca en las medidas correspondientes, el nacionalismo catalán seguirá teniendo en sus manos los instrumentos con los que ha amenazado la estabilidad constitucional de España y podrá repetir sus asaltos a la Constitución en el futuro cuando lo crea oportuno.

En este conjunto de medidas legales adoptadas por el Gobierno, todas correctas y acertadas, seguirán faltando las que pongan a los dirigentes nacionalistas ante sus responsabilidades legales individuales. Se ha malversado dinero, se ha prevaricado con resoluciones dolosamente contrarias a la ley, se han usurpado competencias del Estado y sus responsables siguen en sus cargos públicos, disfrutando de una cómoda impunidad. Es más, siguen esperando el momento de volver a ser interlocutores con el Gobierno en el enésimo pacto para que el nacionalismo catalán siga cobrando a cuenta sus plazos hasta el siguiente choque.