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10 años de la Cátedra Bienvenido Oliver

El Colegio de Abogados acogió ayer la apertura de un nuevo curso formativo de Derecho Registral, donde se abordaron los problemas que plantea la nueva regulación del Registro Civil

10 años de la Cátedra Bienvenido Oliver VALERIO MERINO

POR DAVINIA DELGADO

Hace una década que la Cátedra de Derecho Registral Bienvenido Oliver inició en Córdoba sus actividades académicas. Surgió con el objetivo de promover el estudio de Derecho Inmobiliario Registral por medio de la organización conjunta de actividades de enseñanza e investigación. Ayer volvió a inaugurarse un nuevo curso, con la lección de apertura a cargo del decano territorial para Andalucía Occidental del Colegio Nacional de Registradores de España, Juan José Pretel. Durante su intervención abordó una de las cuestiones que más interesa al colectivo: la nueva regulación del Registro Civil en virtud de la Ley 20/2011, que entrará en vigor el próximo 15 de julio del año 2015, y que ha supuesto una verdadera revolución del sistema tradicional que data del siglo XIX y de la última ley de 1957.

Esta normativa establece que las tareas del Registro Civil, a cargo de jueces, pasarán a encomendarse a los registradores de la propiedad y mercantiles que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil. En definitiva, se producirá una «desjudialización» del Registro Civil, algo que ha desatado las críticas, sobre todo, de los funcionarios judiciales.

Los registradores mercantiles, tal y como señaló ayer el catedrático de Derecho Civil José Manuel Gónzalez Porras, no niegan que no vayan a surgir problemas en esta nueva etapa, «pero no cabe duda que dada la probada formación jurídica, teórica y práctica de este cuerpo de profesionales, podemos estar tranquilos de que la supresión del viejo y tradicional Registro Civil no supondrá quierba de la seguridad jurdica». A esto añaden que «el sistema antiguo con sus secciones de nacimiento, matrimonio, defunciones, tutelas y representaciones legales, será suplido por un registro individual para cada persona a la que se asignará un código especial desde la primera inscripción».

Para CSIF, esta decisión «va en detrimento de un servicio público y supondrá a todos los ciudadanos un coste, aún sin cuantificar, en trámites como inscripciones, certificaciones que hasta ahora eran totalmente gratuitos». Esta resolución podría dejar en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios en toda España, 17 de ellos en Córdoba.

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