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PP y CSIF critican la subida de sueldos de los altos cargos

El sindicato sospecha que el Gobienro andaluz quiera «comprar voluntades»

J. C.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas, tildó ayer de «disparate» la política de retribuciones que practica la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya que mientras tiene previsto incrementar el sueldo de 150 altos cargos hasta 3.300 euros el próximo año, según recoge el proyecto de presupuestos de 2015, se mantienen todavía los recortes al colectivo de funcionarios y especialmente a los profesores de la enseñanza concertada.

Rojas se refirió ayer a la información publicada por ABC sobre el aumento del complemento específico de los directores generales, delegados territoriales, provinciales y asimilados de la Administración andaluza, recogido en el presupuesto de la Junta del próximo ejercicio.

Según el portavoz popular, la política de la presidenta Susana Díaz en este capítulo está muy alejada de la transparencia, mientras que al mismo tiempo es incapaz de dar satisfacción a las reivindicaciones de los empleados públicos, protagonistas en los últimos días de numerosas protestas por culpa de los agravios. Carlos Rojas apuntó al respecto que Andalucía es de las pocas comunidades en las que persiste la discriminación en la reposición de las pagas extraordinarias.

Y en paralelo, lamentó Carlos Rojas, «vemos cómo en los salarios de altos cargos de la Junta hay opacidad y una mala gestión». Este trato excepcional que la Junta de Andalucía da a los directores y delegados, anunció el portavoz del Partido Popular, será objeto de una interpelación al Gobierno bipartito.

Tanto Mario Jiménez, portavoz del PSOE en el Parlamento, como José Antonio Castro, representante de Izquierda Unida, declinaron comentar la información publicada por este periódico.

«Estamos viendo que se están buscando productividades para incrementar las retribuciones de los altos cargos», afirmó por su parte Francisco Iglesias, secretario de Acción Sindical de CSIF en Andalucía.

«En los presupuestos se puede comprobar, lo cual pone de manifiesto que existe un trato discriminatorio. Y para nosotros –destacó– algo más preocupante, que se pretende económicamente comprar las voluntades de los altos cargos de la Administración para intentar confundir a la opinión pública sobre los problema que se padecen, y así vemos que suben las productividades de los altos cargos de la sanidad y de educación para que luego hagan declaraciones y maquillen informes que no reflejen la realidad de los sectores y de los profesionales».

Servicios en peligro

Según Francisco Iglesias, en los últimos años se está poniendo en peligro, por culpa de los recortes en los servicios públicos, las políticas educativas y sanitarias. CSIF, recordó, ha sido muy crítico con el presupuesto de la Junta. «No cumple con las expectativas de los andaluces ni en cuanto a inversiones ni en cuanto a incentivar el consumo para la generación de riqueza. Vemos de nuevo que los grandes paganos son los servicios públicos y los empleados públicos».

Además de tener congelado el salario y recortadas las pagas extra, ahora que el Gobierno central decide devolver parte del dinero, en Andalucía el Ejecutivo que preside Susana Díaz se niega. «Creemos que es un agravio comparativo, que llueve sobre mojado, que lo hemos denunciado y que vamos a seguir denunciándolo. Hay un dato muy significativo; hemos habilitado un sistema telemático para expresar protestas y en dos días lo han utilizado 20.000 personas», concluyó Iglesias.

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