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SECRETO, PERIODISMO E INQUISICIÓN

Los rastreos de llamadas a los que han sido sometidos los periodistas de ABC por el juez Andreu tienen un claro sesgo intimidatorio para la labor informativa sobre tribunales

EL juez Fernando Andreu ha sometido a dos periodistas de ABC a una investigación desproporcionada y sin garantías sobre las conversaciones que mantuvieron desde sus teléfonos móviles corporativos entre el 1 y el 11 de julio pasado. El juez investiga un posible delito de revelación de secreto sumarial que se habría cometido tras la publicación por ABC del contenido parcial de la comunicación telefónica que mantuvo en abril de 2013 un mafioso detenido en la operación Tarantela con otra persona, a la que comentó sus conversaciones con Luis Bárcenas, antes de que el extesorero del PP entrara en prisión. La reacción de Andreu fue solicitar el listado de llamadas de los dos periodistas de ABC. También solicitó la identidad de todos los que se comunicaron por esa vía con los periodistas investigados. No fue suficiente con esta investigación desmedida. Además, toda la información sobre el tráfico de llamadas generado por los periodistas investigados ha acabado en manos del defensor de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, vulnerándose la privacidad de personas completamente ajenas a la operación Tarantela y que podrían acogerse a la protección constitucional de sus datos personales.

Esta actuación judicial es un despropósito que lesiona el derecho de los periodistas a emitir –y el de los ciudadanos a recibir– información veraz, porque cuanto dijo ABC era rigurosamente veraz y no causó perjuicio alguno a la investigación judicial. El delito de revelación de secreto sumarial no tiene asociada para un particular una pena de tal gravedad que justifique la invasión del secreto de las comunicaciones y, de rebote, del secreto profesional del periodista. Y, además, era un asunto de evidente interés público, que ponía de manifiesto una coincidencia –no lo califiquemos de otra manera– entre un mafioso y un protagonista contumaz de la vida política española, en su vertiente corrupta.

Pero lo más grave no es que esta investigación penal sobre dos periodistas de prestigio reconocido tenga un claro sesgo intimidatorio para la labor informativa sobre tribunales. Lo más grave es que se basa en un claro desconocimiento de la diferencia entre revelar un secreto sumarial e informar sobre un secreto ya revelado por terceras personas, que no son los periodistas. Matar al mensajero es en este caso, más que un error, una arbitrariedad, porque el problema de los jueces con el mantenimiento del secreto sumarial lo tienen a su alrededor, y no en las redacciones de los periódicos, como se desprende de la doctrina del Constitucional sobre esta cuestión. Y poco secreto tendría que proteger el juez Andreu, quien puso en libertad a 31 de los 32 detenidos en la operación Tarantela, para pasmo y asombro de las policías española e italiana.

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