El Gobierno no actuará contra las inmatriculaciones de la Iglesia

Ni el Triunfo de San Rafael ni la Mezquita-Catedral forman parte de su Patrimonio

ABC

05/01/2015 a las 02:13h.

El Gobierno ha transmitido al PSOE cordobés que «no hay actuaciones de defensa que deban realizarse» por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, «en el ejercicio de sus competencias» en relación a las inmatriculaciones por la Iglesia Católica de la Mezquita-Catedral, en 2006, y del Triunfo de San Rafael, en 2011, en la capital cordobesa, por tratarse de bienes «no integrados» en el Patrimonio de la Administración General del Estado.

Así lo expuso el Ejecutivo central en una respuesta, a la que ha tenido acceso a Europa Press, tras la pregunta formulada por el diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado, quien recordó que «la Iglesia Católica inmatriculó y registró a su propiedad, en el año 2011, un bien público cordobés como es el denominado Triunfo de San Rafael, ubicado entre la Mezquita-Catedral de Córdoba y el río Guadalquivir», a lo que añadió que «en el año 2006 hizo lo mismo con la Mezquita de Córdoba».

De este modo, el socialista preguntó al Gobierno si «tiene intención de tomar alguna medida contra esta apropiación de bienes públicos»; si «recurrirá ante el Tribunal Constitucional la inmatriculación del Triunfo de San Rafael», y «¿cuántos bienes más ha inmatriculado la Iglesia Católica en la provincia de Córdoba acogiéndose al Real Decreto de septiembre de 1998 que modifica el Reglamento Hipotecario?». Así, solicitó también la relación de bienes inmatriculados, desglosada por comunidades y provincias.

La respuesta oficial

Ante ello, el Ejecutivo gobernado por Mariano Rajoy manifestó que en lo que se refiere a la Mezquita-Catedral, con ocasión de las actuaciones seguidas desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a instancias de una denuncia interpuesta por un particular, que fue inadmitida en mayo de 2014, «se ha constatado que el bien no forma parte del Patrimonio de la Administración General del Estado, de acuerdo con el informe emitido a tal efecto por la Abogacía del Estado en Córdoba».

Igualmente, explica que «tampoco el Triunfo de San Rafael figura dado de alta en el Inventario General del Bienes y Derechos del Estado».

Entretanto, en la respuesta se recuerda que el Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, «que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria en el cual se modifica la regulación en esta materia».

En concreto, precisó, «el artículo 204 del proyecto normativo se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las Entidades de Derecho Público, sustituyendo lo establecido en el articulo 206 de la Ley Hipotecaria, y en el que destaca la desaparición de la posibilidad que se otorgaba a la Iglesia Católica de usar el procedimiento especial que se recogía en dicho artículo, equiparándola al resto de personas jurídicas a efectos de inscripción».

Además, «los datos referentes a las titularidades de dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles no se encuentran en poder del Ministerio de Justicia, sino en los Registros de la Propiedad en cuya circunscripción radiquen los inmuebles». Asimismo, se apuntó que «el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica al tratarse de una cuestión ajena al ámbito de sus competencias», y precisó que «la publicidad de estos datos deben proporcionarla los registradores titulares de los respectivos Registros en donde estén inscritos los bienes».

La respuesta del Gobierno viene a coincidir con el pulso mantenido entre la Junta y la Iglesia por la gestión turística de la Mezquita-Catedral y en el que el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, envió un escrito al Cabildo pidiéndole «iniciar sin más dilaciones» el diálogo para crear un órgano gestor, mientras que el Obispado le contestó que no admitía ni presiones ni amenazas sobre posibles sanciones.