polémica
El Gobierno le insiste al PSOE en que la Mezquita-Catedral no es pública
El Ejecutivo advierte que el plazo para impugnar el registro del monumento concluyó en 2008, pasados dos años
No por mucho preguntar, cambia la respuesta. El Gobierno le ha insistido al grupo socialista, en una pregunta escrita realizada por el diputado por Córdoba Antonio Hurtado, que la Mezquita-Catedral no es suya.
La respuesta parlamentaria no se mueve ni un milímetro de anteriores posiciones expresadas en documentos internos o públicos. Y asegura que el monumento no es propiedad del Estado, no forma parte del inventario general de los bienes que sí son dominio público.
El Gobierno se reitera en lo ya dicho hasta el momento por el Ministerio de Hacienda y por la Abogacía del Estado en Córdoba, que efectuó un dictamen jurídico para dilucidar la opinión de la Administración central sobre la cuestión. El contenido del informe era sencillo: la propiedad era eclesiástica porque se había producido una propiedad continuada, pacífica e indiscutida a lo largo no de años. De siglos.
El Gobierno le dice al PSOE que no tiene datos de los bienes inmatriculados ni por la Iglesia ni por nadie porque no es algo de su su competencia. De hecho, remite al parlamentario por Córdoba a que acuda Registro de la Propiedad por Registro de la Propiedad con el objetivo dedisponer dónde se encuentra cada bien.
Plazo vencido
El Gobierno recuerda al diputado socialista que, en realidad, la inscripción realizada por el Obispado de Córdoba de acuerdo a las normas hipotecarias vigentes tenía un plazo concreto para poder impugnarse. Según las normas, dos años. En tanto en cuanto el registro del bien se efectuó en 2006, eso significa que la inscripción realizada por la Iglesia se pudo combatir en los tribunales de justicia hasta 2008.
No consta que ninguna entidad ni Gobierno, ni siquiera los que ahora se apuntan a las tesis de la propiedad pública, llevaran el caso a los juzgados. Ningún partido propuso en su día en foros oficiales o extraoficiales que el caso se llevase a un tribunal civil con el objetivo de anularla.
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