Laboratorios Pérez Giménez facturó en negro más de 10,5 millones de euros

«Esta administración concursal estima que la causa esencial de la insolvencia generada, y posteriormente agravada, en Laboratorios Pérez Giménez se ha debido a la mala gestión llevada a cabo por sus administradores de hecho y de derecho». Esta es una de las principales conclusiones del informe sobre el concurso de acreedores de los administradores concursales, en el que piden una multa de 17,8 millones por daños y perjuicios a los exgestores de la farmacéutica.

Los administradores han detectado un cúmulo de irregularidades. Sin duda, uno de los más relevantes tiene que ver con la contabilidad. En su informe se asegura que entre 2003 y 2010 Pérez Giménez registró 10,57 millones en ingresos sin declarar, es decir, «en negro». «Los gestores implementaron un sistema de contabilidad con una clara vocación defraudatoria que no representaba la imagen fiel de la misma», según reza el documento.

De esta forma, se elaboró una metodología por la que una parte de los ingresos que recibía la empresa por sus ventas no se declaraba fiscalmente, mientras que el resto de su facturación sí pasaba por los controles de Hacienda.

A pesar de la delicada situación que atravesaban los laboratorios, la Agencia IDEA -dependiente de la Junta- le otorgó ayudas por un valor de 13,2 millones por la inversión realizada en las nuevas instalaciones de Almodóvar del Río y para el mantenimiento del empleo. Al no cumplir esos requisitos, la Junta reclamó parte de esas subvenciones.

El informe revela que los laboratorios, en concurso desde finales de 2011, llevaron a cabo una ampliación de capital con el único objetivo de conseguir una ayuda de 2 millones de euros de la Agencia IDEA. Los administradores afirman que el destino de parte de ese préstamos se alteró por parte de una de las últimas responsables de la firma, Encarnación Ibáñez, -exsenadora del PSOE- «con la colaboración de José Ruiz García (a la sazón presidente del comité de empresa y delegado sindical de UGT en la sociedad) y Pedro Téllez (secretario provincial de la Federación de Industrias y Afines de UGT Córdoba)».

Los administradores concursales hablan en su escrito de «descontrol» en la gestión y «hecatombe empresarial». Para justificar tales expresiones aluden a la destrucción de materia prima almacenada por un valor de 1,72 millones en 2009 y la «omisión de todo control de costes de la actividad, pilar básico de toda empresa».

Un capítulo aparte merece la labor del director general de la compañía cuando era gestionada por la familia Pérez Giménez, Guillermo Sada. En el documento se le acusa de llevar a cabo una «facturación cruzada ficticia» entre los laboratorios y su participada Cuvefarma por una montante de más de 10 millones, motivo por el que fue despedido en 2010. Además, se incide en la contabilidad en B de la empresa al señalar que parte de su salario lo recibía en metálico fuera de su nómina y otra a través de una sociedad de su propiedad.