ELECCIONES ANDALUCÍA 2015/ EL OBSERVATORIO
Educación: Las tareas pendientes de la Junta
Obras pendientes en centros y recortes en personal, los suspensos de la Administración regional
El listado de compromisos que la Junta de Andalucía contrajo hace cuatro años con el profesorado y las familias en materia educativa poco o nada tiene que ver con la realidad. Educación ha querido evidenciar cifras mareantes en materia de infraestructuras, pero se ha «olvidado», y así lo analizan los colectivos consultados, de aspectos tan básicos como la calidad educativa o la recuperación de derechos de los docentes.
El Gobierno andaluz ha invertido en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA) algo más de 29 millones de euros en este cuatrienio en el arreglo de centros en Córdoba. Es la cara de una moneda que presenta en su cruz un profesorado muy descontento, un «retroceso» en la calidad educativa y un descenso paulatino en medios, como es el caso de las partidas que los colegios e institutos públicos reciben para gastos de funcionamiento; así como de la gratuidad de los libros, pues hay cursos que llevan hasta seis años sin renovar sus textos.
A seis días de las elecciones, la Junta aún tiene obras pendientes en colegios e institutos de la provincia de Córdoba por un valor cercano a los 6,5 millones. Un 22 por ciento del total. Es más, aún hay alguna que otra obra en fase de adjudicación, aunque de una cuantía baja (330.000 euros).
El último balance en materia educativa arroja 118 obras ya acabadas por un importe de 22,7 millones de euros. También arroja un dato positivo: 1.022 personas han trabajado en las distintas empresas encargadas de realizar dichas obras.
La comunidad educativa (pública, concertada y privada) está que trina cuando escucha el balance que la Junta hace de su gestión en esta campaña electoral. Los profesores de la pública y la concertada tienen hasta quejas en común: ambos reprochan la demora en los pagos. En el caso de los primeros tiene que ver con el ingreso que la Junta efectúa para el gasto de funcionamiento del centro (compra de folios, servicios de electricidad, conexión a internet...). Los segundos, siguen pendientes de sus condiciones retributivas no equiparadas aún pese a las promesas del PSOE.
Educación destina un 20% menos a las transferencias de funcionamiento ordinario y lo hace tarde. Hay docentes que apuntan que el Gobierno autonómico acumula retrasos de hasta medio año y algunos que señalan que hay veces que ponen dinero de su bolsillo para no asfixiar la economía de esos proveedores que viven al límite.
En los círculos educativos -sindicatos, asociaciones de padres y directivas de centros, entre otros- se habla de una legislatura «casi sin logros» o «logros ridículos». Se trata, sin más, de aplicar esa fórmula tan simple y cotidiana de poner en la balanza lo hecho y lo no hecho. CSIF, por ejemplo, ha repetido hasta la saciedad y sostiene el «abuso» cometido en recortes como en el «empeoramiento» de las condiciones laborales o retributivas de los docentes.
Bajas y sueldos
El personal ha sufrido una bajada y posterior congelación de sus nóminas y una «detracción de derechos» cada vez que causan baja por enfermedad, es decir, que se les pellizca la nómina cuando no van a trabajar por causa médica. Hay, además, 900 empleos menos de los que había en 2011, una tendencia contraria a las promesas de Educación, que llegó a prometer en 2012 15.000 profesores más en toda Andalucía. La merma en recursos humanos ha ido acompañada del cierre de unidades y centros en Córdoba, mientras que suben las clases en la concertada, denostada en el argumentario político.
Pero hay más. La Junta tiene la obligación de sustituir a un docente que causa baja por enfermedad a los 15 días, una norma que en Sevilla critican al ser una imposición de Madrid. Sin embargo, el sector educativo en Andalucía indica que no sólo no se cumple el plazo, sino que hay que veces que ni siquiera el personal es reemplazado. Esto se traduce en que los docentes no dan abasto.
La concertada, por último, sufre quebraderos de cabeza diarios y se ve obligada a tirar de recursos propios o inyecciones económicas que aportan las familias de los alumnos cuando no recibe en tiempo y hora las transferencias. Desde Escuelas Católicas, que engloba a más de medio centenar de centros en la provincia de Córdoba, abundan en ello.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete