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operación barrado

Alaya deja libre con cargos a Antonio Fernández, que se niega a declarar

La Fiscalía reclama un millón de euros de fianza civil para la exdirectora general de Formación, María José Lara

Alaya deja libre con cargos a Antonio Fernández, que se niega a declarar RAÚL DOBLADO

r. r.

El exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, Antonio Fernández, ha quedado en libertad con cargos tras comparecer ante la juez Alaya, que ordenó su detención en el marco de una presunta red clientelar financiada con fondos de la Junta. Como la otra detenida en la provincia de Córdoba, Fernández, que fue durante años alcalde de Pozoblanco y uno de los hombres más poderosos del PSOE, se negó a declarar.

La exdirectora general de Formación de la Junta, María José Lara, fue puesta en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la juez Alaya en la primera ronda de comparecencias tras los arrestos en los que fue detenida como el exdelegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández.

La Fiscalía ha reclamado una fianza civil de un millón de euros para Lara. Las fianzas civiles no condicionan la puesta en libertad sino que pretenden asegurar que el imputado haga frente, en el futuro, a las penas pecuniarias o a las responsabilidades de carácter económico que pudieran derivarse del proceso en el que se encuentra incursa.

Lara fue puesta en libertad con cargos en el primer grupo de detenidos a los que Alaya tomó declaración. Entre ellas se encontraba la exdirectora general Teresa Florido o la exdelegada Irene Sabelete, conocida por la grabación en la que insta a una serie de trabajadores de la Junta a hacer campaña por el PSOE en 2012.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo ayer al exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández y a la exdirectora general de Formación María José Lara en el marco de una operación contra el uso presuntamente irregular de fondos para la formación. Los agentes del instituto armado están realizando detenciones en toda la comunidad.

La operación afecta, al menos, a una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía que tuvieron competencias en la materia. El caso surgió a raíz de una serie de informes de fiscalización de la Junta que alertaban sobre irregularidades en la disposición de fondos. El órgano fiscalizador realizó un documento por provincia en el que se relatan presuntas irregularidades tanto en el Servicio Andaluz de Empleo como en consorcios.

La operación se ha llevado a cabo directamente por agentes de la Unidad Central Operativa que actúan de forma autónoma y en labores de Policía Judicial por orden de la juez de instrucción de Sevilla Mercedes Alaya.

Antonio Fernández fue delegado de la Junta a partir de 2004, momento en el que dejó la Alcaldía de Pozoblanco. Se trata de un barón del PSOE, un relevante cargo territorial del partido. Mantiene aún una gran influencia en el PSOE de la localidad.

María José Lara fue responsable de Formación de la Junta donde llegó desde el Ayuntamiento de Lucena. Cesó en el cargo en el año 2009 en marco de una reorganización interna ordenada por el expresidente Griñán.

El caso se encuentra parcialmente bajo secreto de sumario desde hace dos meses. La juez retrasó la operación con el objetivo de que no interfiriese con el desarrollo de la campaña electoral de las autonómicas.

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