investigación
La mitad de los cursos en Córdoba nunca se justificaron administrativamente
La Guardia Civil señala a Antonio Fernández por haber permitido las irregularidades de la formación
Más de la mitad de los expedientes sobre cursos de formación que se indagaron por los interventores de la Junta en la Delegación de Empleo nunca llegaron a justifiarse. En total, 39 de los 69 que, a modo de muestra, se estudiaron. Se trata de un dato que destaca la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para desvelar el marasmo y el descontrol existente sobre esta parcela de las políticas activas de empleo que llevaron a la llamada «operación Barrado» y que supuso la detención y posterior puesta en libertad con cargos del exresponsable de la delegación y exalcalde de Pozoblanco, el socialista Antonio Fernández.
La documentación del caso, que instruye la juez Mercedes Alaya, explica de forma minuciosa -y como un patrón que se repite en otros departamentos- la ausencia de controles y alerta de la falta de un mínimo rigor presupuestario que llevó, dice la Guardia Civil, a un menoscabo de fondos del erario público andaluz.
Los 69 expedientes analizados son una muestra de los casi 700 que se tramitaron y que se corresponden al periodo 2009-2012. La Intervención fue tajante y dejó dicho que en la dirección provincial del SAE de Córdoba se incumplió la ley. Tanto, que de todos los expedientes con irregularidades solamente cinco -de 39- tenían iniciado el procedimiento de reintegro y con fecha muy posterior, cuando el escándalo ya era mayúsculo y las competencias estaban en Educación.
Las irregularidades parten desde el mismo momento de la concesión de las ayudas para cursos. La asignación de los fondos no se correspondía, dice un acta de la Guardia Civil, con los informes previos que realizaban los departamentos técnicos de la Junta. De hecho, constan resoluciones aprobando la programación de los cursos que son previas a la aprobación de las ayudas. También se han detectado concesiones a entidades que no impartían los modulos previstos o que no justificaban estar de alta en los registros correspondientes.
Con todo, el mayor problema para el exdelegado de Empleo de la Junta no está en esa fase sino en la de vigilancia y aprobación, donde sí pudo tener un papel relevante. Un jefe de departamento de la Junta llegó a declarar ante la Guardia Civil que el departamento estaba desbordado pero que, además, los jefes de servicio «o el propio delegado impiden la labor inspectora con todo tipo de impedimentos». Administrativamente, sin embargo, parecía que todos los cursos se vigilaban aunque se ha descubierto que el seguimiento era débil y que las actas de asistencia o los partes de firma contenían irregularidades.
Los agentes informan a la juez Alaya que el 68 por ciento de los cursos estudiados fueron modificados sobre la marcha alterando las condiciones en las que fueron concedidos en parámetros como la obligación de contratar a alumnos.
Más problema para el exdelegado de Empleo supone la fase de pago del curso. Ahí la Junta mostró una enorme manga ancha, casi infinita, según la Guardia Civil. Las auditorías, obligatorias, faltan en buena parte de los expedientes analizados y, de hecho, los interventores realizan informes específicos para saber si se llegaron a presentar documentaciones contables falsificadas.
En la imputación formal de Fernández consta un hecho directamente relacionado con su firma. Aprobaba el pago del 25 por ciento final de la ayuda concedida a las entidades sin que se presentase una cuenta justificativa de que los cursos se habían realizado conforme a la previsión inicial.
Un aspecto añadido tiene que ver con la relación directa entre beneficiarios y proveedores, las entidades que ponían en manos de empresas del sector de la formación la realización de los cursos. Ello conllevaba que se tratara de gastos no subvencionables. Los informes de la Guardia Civil aseguran que nunca se pusieron peros al pago de estas facturas. Un documento afirma que es la fuente de buena parte de las irregularidades relacionadas con la formación.
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