«Operación barrado»
El interventor de la Junta no halló ni un curso de formación justificado en Córdoba
De los 69 expedientes que analizó, a todos les faltaba el informe de impacto, que explica qué efectos han tenido las subvenciones
La Intervención Provincial de la Junta de Andalucía no pudo encontrar ni un expediente de cursos de formación que se hallase totalmente justificado y tramitado conforme a las propias normas establecidas por la Administración, según aseguran los informes del sumario, parcialmente secreto, sobre la «operación Barrado». El caso está siendo coordinado por el juzgado de instrucción número seis de Sevilla, que ha venido dirigiendo Mercedes Alaya, y está emparentando de forma directa con el que se instruye en el número ocho de los de Córdoba también sobre irregularidades en formación profesional pagada por la Junta.
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El responsable de la Intervención de la Junta en Córdoba, Antonio Escudero, así como su superior directo en los servicios centrales, Ignacio Revilla, prestaron declaración en calidad de testigos con el objetivo de aclararle a los agentes qué pasos dieron para esclarecer los hechos una vez tuvieron conocimiento de las irregularidades por medio de un informe de la Cámara de Cuentas.
Un análisis minucioso
En Córdoba, como en el resto de provincias, se ordenó la realización de un informe especial de la Intervención que es lo que ha acabado abriendo la puerta a la investigación penal. La Intervención dejó por escrito una serie de incidencias graves sobre la totalidad de los cursos de formación investigados. Como no había tiempo material para investigarlos todos (694 en el periodo que va desde el año 2009 a 2012), se optó por realizar un «muestreo no aleatorio» de 69, justo el diez por ciento.
La totalidad de esos expedientes carecen del informe de impacto, que es el documento que evalúa las ayudas, alguna de las cuales supera las seis cifras. En realidad, el problema es mayor. Según los datos de la Guardia Civil, y como ya informó ABC, el sesenta por ciento de los expedientes analizados por el equipo de la Intervención no presentabanninguna documentación justificativa. Con la ley en la mano, esas ayudas nunca tendrían que haberse pagado en su totalidad y se tendrían que haber realizado iniciativas para recuperar el dinero mediante procedimientos de reintegro. En el sumario de Alaya solamente constan cinco en la Delegación Provincial de Empleo, quien era competente en la materia hasta el trasvase de competencias a Educación con José Antonio Griñán en la Presidencia de la Junta.
Una de las claves del informe de la Intervención es cómo se escogieron los cursos de formación de la muestra. Porque la suerte no tuvo nada que ver. De hecho, la Intervención explica que se eligieron porque eran los de mayor cuantía, aquellos 69 casos donde había más dinero público en juego. Una de las cuestiones que hay que reseñar es que algunas de las entidades aparecen en este listado y en los cursos que investiga el juzgado de instrucción número ocho de Córdoba en los que existía un compromiso de contratación. El juzgado de Alaya tiene informes oficiales que asegura que una parte de esos compromisos son inventados o de difícil realización.
Durante la totalidad del tiempo en que se libraron estas ayudas, el responsable político era Antonio Fernández, detenido e imputado por Alaya.
Nombres recurrentes
Los agentes de la Guardia Civil han mostrado especial interés por las ayudas concedidas a la aeronáutica Faasa, con sede en Palma del Río, probablemente porque tanto la Cámara de Cuentas como la Intervención dedicaron párrafos de énfasis. Es decir, anotaciones específicas. La sociedad mercantil es la quemás expedientes tiene en el listado de control, con tres casos.
Entre las instituciones públicas, se encuentran varios ayuntamientos como el de Córdoba capital, Bujalance, Baena, Encinas Reales o Lucena. Constan curso de formación organizado por la Diputación de Córdoba y una mancomunidad, la de la Campiña Sur.
En materia de representación empresarial, se realizó el examen Comercio Córdoba -la mayor organización de defensa de este sector- así como la sociedad mercantil de su presidente, Rafael Bados, la consultora Europroyectos Digitales. También aparece en el listado de entidades estudiadas Asemeco, la patronal del metal, uno de cuyos responsables fue interrogado en calidad de imputado en el proceso paralelo de irregularidades en materia de formación donde se revisan en exclusiva entidades que recibieron dinero con compromisos de contratación.
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