tribunales
La Fiscalía no ve indicios de delito en las inmatriculaciones del Obispado
El Juzgado tendrá que decidir ahora si continúa con las diligencias o archiva la causa
LA Fiscalía de Córdoba no ve indicios de delito en la denuncia presentada por los exalcaldes de IU sobre las inmatriculaciones del Obispado. El fiscal Juan Calvo-Rubio Burgos ha firmado el informe remitido al Juzgado de Instrucción número seis de Córdoba que investiga las denuncias presentadas por Herminio Trigo, Julio Anguita, Manuel Pérez y Andrés Ocaña, y el ex concejal de Ucor, Carlos Baquerín, en el que la Fiscalía concluye que no hay materia penal en los hechos denunciados, sin entrar en más detalles sobre los procedimientos de inscripción o sobre quién tiene razón. «No discutimos de quién es la propiedad», reiteró el fiscal jefe.
La demanda está dirigida contra el obispo y el Cabildo
El Juzgado de Instrucción 6 tendrá ahora que decidir si archiva la causa o sigue adelante con la investigación, que cuenta ya con el escrito de la postura del Ayuntamiento de Córdoba y del Obispado. Fuentes judiciales recordaron que la demanda se dirige contra la diócesis cordobesa y su obispo, Demetrio Fernández; el Cabildo Catedral, sus integrantes y presidente, Manuel Pérez Moya; y los miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento y el alcalde, José Antonio Nieto. Así pues la pelota está en el tejado del órgano judicial, que se ha vuelto a encargar de este procedimiento después de que así lo determinase el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Instrucción número 6 fue el juzgado al que correspondió la denuncia, pero, al estar dirigida contra un aforado en su momento, como era el parlamentario andaluz y regidor de Córdoba, José Antonio Nieto, la remitió al alto tribunal andaluz. Sin embargo, tras renunciar el alcalde a su escaño en el Parlamento como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley Electoral andaluza, la causa fue devuelta al órgano cordobés.
La denuncia de Baquerín
El pasado martes, el concejal de UCOR Carlos Baquerín amplió su denuncia por las inmatriculaciones de la Iglesia, basándose, en esta ocasión, a la ermita de los Santos Mártires, ubicada junto al Balcón del Guadalquivir y que «consta también como inmatriculada por la Diócesis, a pesar de que igualmente parece figurar como un bien de titularidad municipal en la ficha del Plan Especial del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba».
La denuncia de Baquerín se encuentra agrupada en una misma causa con otra presentada por un grupo de ilustres de la izquierda política. El pasado 15 de marzo, todos los exalcaldes de Izquierda Unida que han ocupado el sillón consistorial en Córdoba, a excepción de Rosa Aguilar, con la denuncia al obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, y al actual regidor, José Antonio Nieto, por la inmatriculación de la plaza del Triunfo de San Rafael. Los demandantes dijeron además que contaban con el amparo simbólico de 206 ciudadanos miembros del colectivo Cordobeses por el Patrimonio, que habían firmado un documento apoyando la querella.
La denuncia contra Nieto es «por conocimiento tácito»
Según explicaba entonces Anguita, que encabezaba la iniciativa, «consideramos que se ha usurpado un bien de la ciudad y, además, el Ayuntamiento ha incurrido en algo muy grave; no ha estado a la altura porque debería haber defendido el patrimonio municipal». Por ello, los demandantes estiman que el Consistorio «ha colaborado de manera pasiva con lo que se está haciendo. Así, denunciamos al obispo por us urpación y a Nieto, por consentimiento expreso o tácito», manifestaba el líder de izquierdas ante los juzgados.
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