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LEYES

El fiscal jefe reclama unidad de criterio sobre las parcelaciones

Cree que cuando cada Administración actúa de forma distinta, el ciudadano coge la que más le interesa

El fiscal jefe reclama unidad de criterio sobre las parcelaciones ARCHIVO

ABC

El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio , considera que todas las administraciones deberían tener «una interpretación similar» en cuanto al fenómeno de las parcelaciones ilegales , algo que «a veces no sucede» , de tal modo que la administración local, la autonómica y la estatal «a veces parece que tienen un punto de vista distinto y lo percibe el ciudadano », al que «si no le dan una respuesta clara tiende a utilizar la versión que más le favorece, como es normal ».

Así lo ha manifestado el representante del Ministerio Público , en una entrevista con Europa Press , en la que ha comentado que «mientras haya versiones contradictorias que le favorezcan seguiremos teniendo» dichas parcelas, al tiempo que destaca que «lo único que se puede demandar desde el punto de vista de cualquier ciudadano es una postura clara de la Administración en general, sea local, autonómica o estatal ».

Contradicciones

En este sentido, se pregunta que «si hay una ley que impide que se realicen, ¿por qué se realizan?, ¿por qué la Administración no ha actuado? ». Una situación en la que cree que «hay muchas variantes», porque hay veces que « la administración no funciona porque no se ha enterado »; otras veces en las que «la Administración se ve desbordada por la cantidad de procedimientos e infracciones que hay», y en «otros muchos casos en los que existen dudas sobre si hay infracción », apunta Calvo-Rubio.

En relación a la L ey de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) , el fiscal jefe señala que «en la legislación autonómica s e escribe una cosa y luego algunas veces se hacen algunas declaraciones que parece que dicen lo contrario ». Y es que, «se vendió el decreto 2/12 como mal llamado decreto de regularización, cuando realmente solo regularizaba aquello para lo que las acciones de persecución habían prescrito », con lo cual, a su juicio, «es una regularización regular».

Sobre facilitar los suministros básicos, indica que «el ciudadano que tiene una vivienda quiere tener los servicios básicos, pero es la Administración la que tiene que valorar», aunque puntualiza que «si está diciendo que es ilegal, no tiene mucho sentido que se le den los servicios básicos» , pero, según argumenta, «al mismo tiempo si se le ha dejado y se están cobrando impuestos, tampoco es lógico que no se los den ».

«Si se dice que es ilegal, no tiene sentido que tengan servicios», afirma

Así, defiende que el papel del Ministerio Público ante las parcelaciones ilegales será «el que la Ley establece, teniendo en cuenta que el Código Penal establece claramente cuándo se comete un delito y cuáles pueden ser las consecuencias ». De este modo, declara que «el Ministerio Fiscal va a intentar que se cumpla la Ley», para lo cual utilizará « las armas que están previstas en el Estado de Derecho , al tiempo que precisa que dentro de las parcelaciones ilegales «hay evidentemente construcciones que son delictivas y otras que suponen una infracción administrativa ».

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