Hazte premium Hazte premium

PERDONEN LAS MOLESTIAS

QUE NOS LO EXPLIQUEN

ARIS MORENO

Sobornar a un funcionario local con 600.000 euros para conseguir una licencia urbanística cuesta el módico precio de 1.800 de vellón

EL Tribunal Supremo acaba de sentenciar que sobornar a un funcionario municipal con 600.000 euros para conseguir una licencia urbanística cuesta la módica cantidad de seis meses de cárcel eludible con una multa de diez euros diarios durante un año. Al citado caramelito hay que añadirle también una indemnización de 150.000 euros por cohecho y la treintaiseisava parte de las costas procesales. Con esta pena de saldo, es natural que el señor Gómez, eximio constructor cordobés, no hubiera tenido inconveniente en extender en 2004 un cheque por cien millones de las antiguas pesetas al capo de la mayor trama de corrupción urbanística del siglo. Nos referimos al señor Roca, cerebro de la cloaca de Marbella, a cuyo Ayuntamiento ocasionó un agujero de más de 500 millones de euros.

Pues bien: colaborar activamente con este colosal entramado delictivo, que corrompió durante años a empresarios, concejales, funcionarios y abogados, sale francamente barato. Hagan la suma: diez euros diarios durante seis meses dan como resultado 1.800 euros, que es, como ustedes pueden ver, mucho menos de lo que a cualquier vecino le podría costar la licencia de apertura de una cafetería.

Al propio Roca, por ejemplo, le ha salido un poquito más caro. 17 años de prisión. Baratija si lo comparamos con el imperio de aviones, helicópteros, mansiones, ganaderías, fincas y obras de arte que logró meterse en el bolsillo gracias al basurero personal en que convirtió la gerencia de Urbanismo de la capital de la Costa del Sol. Y mucho más insignificante si lo ponemos en perspectiva con el daño irreparable que ha provocado en la credibilidad de la administración pública, nuestro sistema democrático y el sursum corda.

El señor Gómez fue el autor, entre otras muchas joyas, de una frase que define con exactitud la España contemporánea del Lazarillo de Tormes. Yo, vino a decir con celestial naturalidad, voy más rápido que los papeles. Y, en efecto, así ha sido. Se ha pasado por el arco del triunfo los procedimientos administrativos y, salvo el pequeño resbalón del caso Malaya, su vida empresarial al margen de las obligaciones reglamentarias ha sido una balsa de aceite.

Tanto que en el momento en que tropezó con la justicia, era propietario de un colosal territorio de suelo urbanizable en la Costa del Sol y acometía nada menos que diez mil viviendas en ese desastre medioambiental en que se ha convertido nuestro litoral mediterráneo. Don Rafael es el apogeo de la España del pelotazo y de una anticultura empresarial que ha encontrado una complicidad vergonzante en la estructura del Estado.

De lo contrario no hubiera podido hacer surfing sobre los expedientes urbanísticos con impunidad y alevosía. En ese cuadro, encaja a la perfección el atropello de las naves de Colecor, que construyó donde quiso, cuando quiso y con la aquiescencia de los poderes que supuestamente defienden el interés general. Cómo sería la broma que hasta fue beneficiario de un plan especial a la carta que diseñó él mismo a su medida.

Así se entiende que un señor que ha participado profusamente en subvertir el orden urbanístico, tal como ha dictado el Tribunal Supremo, no encontrara obstáculo alguno para optar a presidir una corporación municipal que con tanta tenacidad se ha dedicado a corromper. Lo cual indica, entre otras cosas, hasta qué punto disponemos de un código penal que se dedica a pescar sardinitas frescas en el océano mientras deja vivos a los tiburones. Que nos lo expliquen.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación