Las claves del curso escolar

r. c. m.

09/09/2015
Actualizado a las 10:48h.

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LA vuelta al «cole» se aproxima para los estudiantes cordobeses. Mientras los escolares de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria retornarán a los centros educativos mañana, los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) tendrán hasta el día 15 para apurar sus vacaciones. Al igual que en los últimos años, el arranque escolar tendrá una clara connotación política, derivada de las tensiones entre el gobierno central y la Junta de Andalucía en materia educativa, con motivo de las reticencias de esta última a aplicar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Además, la cercanía de unas nuevas elecciones generales amenaza la continuidad de la polémica ley. Para analizar el nuevo curso, este periódico se ha contactado con los principales agentes educativos.

Si el curso 2014/15 se caracterizó en Andalucía por la «transición» hacia el nuevo sistema educativo formulado por la Lomce, el presente debería ser el de la implantación total de la normativa en Primaria. Asimismo, si el año pasado la Lomce afectó a los cursos impares de Primaria, este curso se suman segundo, cuarto y sexto a las directrices de la llamada «Ley Wert», además de los cursos impares de la ESO y Bachillerato. No obstante, aunque Adelaida de la Calle, consejera de Educación, ha declarado recientemente que la Junta ha hecho un «esfuerzo tremendo para adaptar la Lomce lo máximo posible a las características del sistema educativo», lo cierto es que en Andalucía apenas hay cambios apreciables.

Una de las pocas novedades que afectará a Primaria es la implantación definitiva de Ciencias Naturales y Sociales al contar ya con los nuevos libros de texto. El pasado año, ante la ausencia de material y la «falta de tiempo» alegada por la Consejería, fueron impartidas conjuntamente, pero evaluadas por separado. En lo que concierne a Secundaria, aún no se han desarrollado los currículos, por lo que los cambios serán inexistentes.

Aunque su implantación estaba prevista para este año, la nueva delegada del ramo en Córdoba, Esther Ruiz ha anunciado que a «las pruebas que haya que hacer este curso, la Junta les va a dar un carácter orientativo, solo para saber el nivel del alumnado», al considerar la Administración autonómica, por ejemplo, «que un alumno con ocho años no tiene porque ser etiquetado, ni tiene porque ser un número más en un ranking de centros educativos». Además, las reválidas serán realizadas en Andalucía por los propios profesores, no por agentes externos.

Más trastorno producirá la modificación de la duración de las clases en Primaria. Si hasta ahora el horario semanal se dividía en 25 sesiones de una hora de duración cada una, en el nuevo curso se transforman en 30 sesiones de 45 minutos. Según el presidente en Córdoba del sindicato ANPE, Francisco Luque, este cambio está suponiendo «un rompecabezas para los jefes de estudios, que trabajan a destajo para cuadrarlo todo». Más complicado aún resulta en materias como Educación Física o Música «en las que el cambio de aula conlleva 10 minutos».

A falta de conocer la cifra oficial del profesorado con el que contarán los centros educativos en Córdoba, la responsable de Enseñanza del sindicato CSIF en Córdoba, Elena García, lamenta que en este ejercicio «se consoliden los recortes que llevan afectando al personal docente más de cuatro años y que han acabado con más de mil puestos de trabajo destruidos». Asimismo, considera que la oferta pública de empleo es «escasa». En cuanto a los nuevos libros de texto y la implantación total de la Lomce, la responsable de CSIF denuncia que «no ha existido una oferta formativa docente suficiente para que los profesores conozcan los cambios normativos». De igual forma, Elena García critica la distribución de los recursos para la educación especial y pide a la Administración que «cada centro disponga al menos de un educador especial propio —no compartido— que pueda atender todas las dificultades de aprendizaje de los alumnos».

 Expectantes ante el nuevo panorama se encuentran los padres de los alumnos. Francisco Mora, presidente de la Fapa Ágora (Federación provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos), asegura que los progenitores de los estudiantes están «más tranquilos al saber que el curso comienza con normalidad, que se ha eliminado la reválida de cuarto de ESO y que casi el total de los alumnos ha obtenido plaza en el centro que ha elegido». Con la misma ilusión, pero algo más preocupados, afrontan el curso sus homólogos de la concertada en Fapa Familia y Escuela. Su presidenta, María Luisa Lucena, lamenta que «sigan los recortes en la concertada que impiden, entre otras cosas, la renovación tecnológica» y recuerda que el derecho a estudiar en este tipo de centros «está recogido en la Constitución».

El sindicato CSIF ha anunciado la creación del «Observatorio del Horario del Profesorado» para vigilar el proceso de confección de los cuadrantes, sobre todo en Secundaria, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaraba ilegal el aumento de la carga lectiva semanal de 18 a 20 horas de los profesores de los IES. En su Orden de 20 de agosto de 2010, la Junta recogía que «de las 35 horas de la jornada semanal, 30 son de obligada permanencia en el centro. De éstas últimas, un mínimo de 25 se computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva». A partir de ahora, esas 25 horas serán el «máximo» computable, no el mínimo.

Con la entrada total de la Lomce, los profesores de Religión han visto mermada su carga lectiva, en muchos casos, hasta en un 50%. La Lomce reconoce sólo 45 minutos para la impartición de esta asignatura, dejando a la libre disposición de los centros que todavía no han implantado el segundo idioma otros 45 minutos. Aún así, tras el acuerdo firmado con los sindicatos, todos los docentes de Religión mantendrán este año sus condiciones laborales y salariales, a pesar de que no siempre tengan cubierto el horario lectivo. Francisco Luque, presidente de ANPE Córdoba, reconoce que puede darse en caso de que «tengan en su contrato más horas de las que luego puedan ofrecer los centros y las dediquen a trabajo no lectivo».

Desde Escuelas Católicas confiesan que afrontan el nuevo curso «cargados de ilusión y con la esperanza de que las cuestiones políticas nos afecten lo menos posible». Asimismo, su presidente, Antonio Guerra considera que «es importante un pacto por la educación para evitar la situación que nos encontramos en Andalucía, donde el gobierno central impone una ley que luego la Junta hace lo posible para paliar». Además, el representante de Escuelas Católicas explica que «hay una mayor injerencia en la organización pedagógica de los centros que nos impide avanzar en cuestiones de innovación educativa» y reivindica un «aumento de la ratio de profesorado por alumno» y el pago «a tiempo» por parte de la Junta de Andalucía de la partida de otros gastos a los concertados, que en ocasiones «acumula un retraso de varios meses».

Al igual que ocurre con la Secundaria, la reforma de la FP será más que descafeinada. La nueva delegada provincial de Educación ha manifestado que «en Andalucía vamos a seguir trabajando dentro de los márgenes autonómicos que nos permite la Ley y vamos a seguir con nuestra implantación de ciclos formativos».

Para la nueva responsable en la materia en la Junta de Andalucía la Lomce para la Formación Profesional «se convierte en un callejón sin salida, pues en la FP básica no podrán titular los alumnos y alumnas», de ahí el interés de Ruiz por «informar a los padres y madres de los itinerarios que van a tener que seguir esos alumnos y alumnas». Esto supone, según ha indicado la responsable autonómica, «un retroceso en un sistema educativo andaluz que iba avanzando, con unos objetivos a medio plazo ilusionantes, pero con la Lomce, el ámbito de la FP deja mucho que desear en cuanto a inserción laboral y respecto a darle una salida profesional a los chavales, que al final es lo que necesitamos».

Los libros de texto siguen siendo un asunto de confrontación en diversos ámbitos. Así, cabe destacar el hecho de que el colectivo de libreros haya puesto pie en pared ante lo que consideran como una situación absolutamente «alarmante». La regulación del sistema les llevó a perder las ventas de títulos que los colegios pedían a sus alumnos a lo largo del curso, una actividad que les proporcionaba un «chorreíllo» que los mantenía con vida durante el ejercicio. Sin embargo, ahora viven casi exclusivamente del cheque libro —gratuidad de textos en las enseñanzas obligatorias, Primaria y Secundaria, proceso en el que son intermediarios y luego reciben el abono de la Junta de Andalucía— y de los libros de las no obligatorias, Infantil y Bachillerato.

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