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rebaja en las cotizaciones

Las irregularidades en las nóminas afectan a 3.000 empleados de la Junta en Córdoba

La cantidad que la Administración ha dejado de ingresar en la Seguridad Social asciende en Córdoba a más de 1,6 millones

Las irregularidades en las nóminas afectan a 3.000 empleados de la Junta en Córdoba valerio merino

d.d. / m.p.a.

El número de afectados por las irregularidades en las nóminas emitidas en el segundo semestre de 2012 por parte de la Junta de Andalucía, debido a un recorte arbitrario de la base de cotización de funcionarios y laborales, asciende en Córdoba a cerca de 3.000 empleados de la Administración General . Según fuentes de la Junta de Personal y de los comités de empresa, esas «anomalías» cometidas por la Administración autonómica han supuesto que la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS) deje de ingresar más de 1,6 millones de euros . En esta cuantía está incluido el preceptivo recargo del 20 por ciento por falta de ingreso en el plazo reglamentario.

En este grupo de afectados -que no está cerrado y podría sumar más perjudicados- no están incluidos los empleados públicos de otros cuerpos, como los trabajadores de Justicia o los que prestan sus servicios en el sector educativo. Esto significa que el total de empleados a los que el Gobierno andaluz les ha aplicado retenciones de más puede ser mucho mayor.

La Inspección de Trabajo ya ha remitido las correspondientes actas de liquidación de deuda por las cuotas impagadas a la Junta, si bien tienen carácter provisional y, ahora, la Administración cuenta con un plazo de quince días hábiles para presentar sus alegaciones. En el caso de que el órgano inspector las desestime, tendrá que abonar la cuantía impagada.

Disposiciones infringidas

Pero, ¿cómo es posible que el Gobierno regional haya cometido tales irregularidades? Todo tiene su origen en los recortes que aprobó Zapatero por el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, en su disposición adicional séptima; como en los recortes a los que dio luz verde Rajoy, en el articulo 5 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio. El objetivo, hacer frente a la adversa situación económica del país. Pero, aunque el trabajador percibiría menos ingresos, su aportaciones a efectos de baja, jubilación o paro se mantendrían.

De este modo, en los mencionados preceptos se recogía que para el año 2012, por su remisión a lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el citado ejercicio, la base de cotización sería similar a la del mes de diciembre de 2010 , salvo que por razón de las retribuciones que percibieran pudiera corresponder una de mayor cuantía, en cuyo caso sería ésta por la que se efectuaría la cotización mensual.

A su vez el citado precepto de la Ley de Presupuestos establecía una remisión a lo dispuesto en la disposición adicional séptima del Real Decreto Ley 8/2010, donde se indicaba que la base de cotización durante el periodo de 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2010 sería, igualmente, la base de cotización coincidente con la existente en el mes de mayo de 2010 , la que había antes de los primeros recortes, salvo que por las retribuciones que pudieran corresponder fuera de mayor cuantía.

En definitiva, que a los empleados públicos les correspondía cotizar en 2012 por la base existente en el mes anterior al comienzo de los recortes, esta es la de mayo de 2010 . Y estas son las disposiciones que ha infringido la Junta, tal y como asevera la propia Inspección de Trabajo tras las primeras indagaciones que ha efectuado, y que se iniciaron hace más de 17 meses , según ha podido saber este periódico.

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