José Manuel Marmol
José Manuel Marmol - ABC
Consorcio Provincial

El alcalde de Priego de Córdoba ya aparece imputado en el «caso Bomberos»

La Diputación asume la defensa legal de sus cargos y el PP decide personarse

CórdobaActualizado:

El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, aparece ya formalmente como investigado (imputado, en su anterior denominación) en la documentación del caso de presunto amaño de las oposiciones que actualmente instruye el juzgado de instrucción número cuatro de Córdoba. El único senador socialista por la provincia en esta legislatura formaba parte del auto inicial de imputaciones del magistrado Rodríguez Laínz aunque no por su nombre ni apellidos. El juez libró una diligencia al Ayuntamiento de Priego de Córdoba para que se le certificase quién era el titular de la Alcaldía entre los días uno y 30 de julio de 2017, fecha en la que, supuestamente, tuvo presencia en los hechos que ahora están bajo escrutinio judicial.

Mármol está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. Según el auto que adelantó ABC, medió para que una serie de interinos que opositaban a funcionario del Consorcio de Bomberos entraran en unos cursos que daban unas puntuaciones extra y que se impartían en la Mancomunidad de la Subbética. Con posterioridad, el juez asegura que el senador del PSOE presionó al tribunal calificador para que relajara los requistos para favorecer a un pequeño grupo de opositores. Por esta medida, dice el auto, se repescó sobre la marcha a 200 personas.

La Constitución Española, en su artículo 71, dispone que diputados y senadores tienen un régimen especial ante los tribunales de justicia. En concreto, no pueden ser procesados por su actividad parlamentaria. Les consigna inmunidad y la prohibición de que sean detenidos salvo en caso de delito flagrante. La Justicia solo puede proceder contra ellos salvo la tramitación de un procedimiento que se llama suplicatorio por el que la Cámara autoriza al Poder Judicial a actuar contra uno de sus miembros. La competencia contra diputados y senadores la tiene la sala de lo penal del Tribunal Supremo. El último legislador que se sometió al procedimiento fue José Antonio Viera por el caso ERE. Pasó al grupo mixto y renunció tras fuertes presiones con lo que desapareció su aforamiento.