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AGRICULTURA

Asaja advierte de la falta de esfuerzo presupuestario de la Junta en el campo de Córdoba

Se ha producido la «práctica congelación» de las partidas y la pesca absorbe los mayores incrementos

El consejero Sánchez Haro, junto a Esther Ruiz y el presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa EFE

P. C.

No han sentado nada bien los presupuestos del próximo año de la Junta de Andalucía entre los agricultores y ganaderos cordobeses. Desde Asaja se aseguró que estas cuentas, recientemente aprobadas en la Cámara autonómica con los votos del PSOE y de Ciudadanos, no responden a las necesidades del campo cordobés y no dan respuesta a las principales demandas. En este sentido, reclamaron al Ejecutivo de Susana Díaz más atención para el sector agrario, «un pilar básico de la economía regional y provincial que se arriesga a perder fondos europeos» debido a la falta de dinero para la cofinanciación de todas las medidas comprometidas con la Unión Europea (UE).

La organización profesional pone de manifiesto la «práctica congelación» de las partidas del presupuesto de la Junta destinadas a la agricultura y la ganadería en 2018 puesto que en ese documento sólo se contempla un incremento del 0,8 por ciento de los fondos para las políticas agrarias , mientras que la pesca, para la que el Gobierno autonómico duplicará su financiación, absorberá la mayor parte del incremento presupuestario de la Consejería de Agricultura .

Desde la patronal agraria se considera que este departamento ha ido perdiendo peso en las cuentas del Ejecutivo andaluz con un montante económico que llegará el próximo año a los 730 millones de euros, tan sólo 5,2 millones más que en el presente ejercicio. Este colectivo también hace especial énfasis en que únicamente el 40 por ciento del presupuesto del departamento encabezado por Rodrigo Sánchez Haro se destine a inversión, reservándose el resto para gasto corriente (los gastos internos de la estructura institucional).

Es verdad que en Asaja se reconoce que hay algunas de sus demandas que sí han tenido cabida en el documento en materias como sanidad animal, seguros agrarios, modernización y en el apoyo a los jóvenes agricultores, aspectos que han incrementado su aportación económica, aproximadamente, en un diez por ciento.

El presupuesto sólo contempla un incremento del 0,8 por ciento para políticas agrarias

Sin embargo, la sensación entre los responsables de la patronal agraria es «agridulce» al existir una gran preocupación con muchas de las medidas relacionadas con el desarrollo rural, así como con la parte de la Política Agraria Común (PAC) que se financia a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), pero que requiere de participación de las comunidades autónomas. Asaja denunció que las partidas para este apartado se reducen casi a la mitad al pasar de 68 a 35 millones de euros, «una bajada brutal que el pone en riesgo la aplicación de muchas actuaciones».

La organización profesional detalló que los programas que más se verán afectados por este recorte son los que contemplan la mejora de las infraestructuras agrarias (caminos, riegos…), que «son fundamentales para el desarrollo de la actividad económica, no sólo la agrícola y la ganadera, sino cualquiera que se impulse en las zonas rurales». A su juicio, con esta pérdida presupuestaria se agrava el déficit de infraestructuras en los municipios.

Por todo ello, Asaja cree que los objetivos de la Consejería en este punto son «muy pobres» y «poco ambiciosos», para lo que se alude al hecho de que las cuentas tienen consignados fondos para el arreglo de 800 kilómetros de caminos cuando en Andalucía hay contabilizados para de 100.000 kilómetros.

Este colectivo agrario tampoco ve con buenos ojos el Plan Director de la Dehesa que quiere poner en marcha la Junta. «Es un programa tardío, de poca utilidad y que cuenta con la oposición unánime de todo el sector al estar dotado financieramente de manera ridícula con apenas 7,1 euros por hectárea», resaltó. Dentro de este ámbito, Asaja calificó de «despropósito» el Plan del Lobo anunciado por el Gobierno andaluz, «un claro ataque a las explotaciones ganaderas y cinegéticas, lo que nos hace pensar que la Junta no sólo no apuesta por la dehesa, sino que actúa contra ella y, por tanto, contra la riqueza y el medio ambiente de muchas zonas desfavorecidas en las comarcas rurales».

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