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OPOSICIONES

Caso Bomberos | La Diputación de Córdoba desoye la investigación y publica el nombramiento

Los ganadores de las pruebas ya son funcionarios de pleno derecho en el Consorcio

Manifestación de bomberos ante la Diputación Provincial de Córdoba ROLDÁN SERRANO

Rafael Ruiz

El Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba puso fin, formalmente, al procedimiento para elegir a 54 funcionarios con plaza de bombero conductor . El Boletín Oficial de la Provincia publicó este miércoles el listado con las personas que superaron las pruebas y obtuvieron las mejores califaciones de un proceso que se encuentra bajo una investigación penal que suma una veintena de imputados en el juzgado de instrucción número cuatro. Los bomberos tomaron posesión el pasado marzo aunque tenían que entregar una serie de documentación y pasar unas últimas pruebas de carácter médico.

La publicación en el Boletín Oficial es un gesto relevante de que la Diputación manda una señal. Todo va a seguir igual. Pese a que la instrucción sigue adelante en Instrucción 4, no se va a dar ningún paso que ponga en duda el resultado de las oposiciones. El magistrado Rodríguez Laínz ha terminado recientemente la primera ronda de declaraciones de imputados en los que se ha llamado a responsables políticos, a los miembros del tribunal calificador y a bomberos que supuestamente participaron en el amaño denunciado. En todos los casos, las versiones de los investigados -a los que asiste el derecho de no declarar en contra de sus intereses- afirman que no se cometió ninguna irregularidad .

Anulación

El juez rechazó expresamente tomar ninguna medida cautelar sobre el proceso de las oposiciones al entender que ningún acto es definitivo. Es decir, que si en un futuro llegara a probarse que las irregularidades existieron, siempre se pondrían anular los nombramientos que no se consideraran ajustados a derecho. El juez consideró que parar el procedimiento era un acto demasiado agresivo para quien actuó de buena fe, estudió y ganó las oposiciones.

El juzgado y la Fiscalía trabajan en varias líneas. La primera es saber si se filtraron preguntas. Para ello, todo se está centrando en quién tenía esa información y si se produjeron encuentros organizados para difundir las respuestas. La segunda es si se puede atribuir esa responsabilidad a alguien en concreto. Es decir, si se puede probar un hecho como ese. Los cursos de La Carlota se han convertido en un elemento fundamental. Los responsables públicos dijeron no tener que ver con su organización y que pidieron explicaciones al presidente del tribunal, el director técnico del Consorcio de Bomberos .

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