ECONOMÍA

La chatarra, el oro envenenado y más vigilado

El sector mueve cifras millonarias y está sujeto a fuertes controles por parte de la Policía

Chatarra apilada en una de las grandes empersas que operan en Córdoba
Chatarra apilada en una de las grandes empersas que operan en Córdoba - ROLDÁN SERRANO

Las cifras que mueve la chatarra en Córdoba son millonarias. Sólo hay que echar un vistazo al último juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 5 de Córdoba contra un chatarrero acusado de impagos del IVA por valor de más de cuatro millones para tener una idea de las dimensiones de este negocio en la provincia. Este chatarrero cordobés, el segundo en importancia a nivel andaluz y el cuarto de España, se enfrenta a penas que suman cinco años de prisión por impagos del IVA en 2002 y 2003, además de a multas millonarias que multiplican lo defraudado.

La otra gran pata de este negocio, con cada vez más requisitos ambientales que cumplir, es el cobre. Los chatarreros legales, unos diez en la capital y prácticamente uno o dos en cada localidad, tienen que afinar el ojo para no recibir una «carga envenenada». Es decir, hierro, aluminio o cobre procedente de un robo y que le acarrearía al empresario en cuestión sentarse en el banquillo en un proceso penal por un delito de receptación.

Los saqueadores de cobre han dejado su huella en Córdoba innumerables veces: el puente Abbas Ibn Firnás que dejaron sin luz; el estadio del Arcángel; las catenarias del tren o infraestructuras de Endesa. ABC ha hablado con José Miguel Sáenz, jefe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, para realizar un extenso reportaje que puede leerse en la edición de papel o en Kiosko y Más. «Si nos referimos sólo a compra y venta de chatarra [recuperación de residuos de metales férricos y no férricos], hay una legislación clara y la fiscalización de esta actividad tiene muchas facetas no solo de la Policía Nacional, sino de los ayuntamientos y de las comunidades que son quienes conceden las licencias por impacto ambiental», explica.

El papel de este Cuerpo de Seguridad no entra en estos aspectos administrativos a no ser que hallen un delito flagrante contra el medio ambiente. La actividad más rutinaria de la Policía es el control de las compraventas. En este sentido, el origen de los residuos puede provenir de empresas -ahí hay menos problemas- o de particulares -sí tiene más interés la investigación de esas operaciones-.

Libreta en mano para controlar las ventas

De hecho, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana está sustentada en la «llevanza de un libro», que cada día es más digital, y menos manual, donde existe esa obligación del empresario de que haga constar cada dato de cada operación. «Ahí tienen que registrar tanto las personas que entregan la mercancía, documentación de esas personas, una especificación y descripción muy clara del material que está vendiendo y una relación del peso, el valor (precio) de lo comprado así como la naturaleza de ese material (si es cobre, aluminio o hierro), algo que nos ayude a identificar dicho material», explica. Esa labor es de las comisarías y cuarteles, y es un trabajo propio de la Policía Judicial, una tarea puramente de investigación.

La Guardia Civil durante 2016 y lo que va de 2017 ha efectuado en la provincia (menos la capital, Lucena y Cabra que pertenecen a la demarcación de la Policía Nacional) un total de 156 inspecciones por establecimientos dedicados a la compra y venta de chatarra. En dichas inspecciones, sólo se ha procedido a la instrucción de un expediente administrativo de denuncia a un local de este tipo, según han informado a ABC fuentes de la Comandancia de la Benemérita en Córdoba. El caso es que las inspecciones y el control mediante los libros son «sólo una parte de la solución», recuerda el jefe de la Brigada de la Policía Judicial.

Pero la gran satisfacción de la Policía es que los casos de robo de cobre y receptación han bajado en la provincia después de sufrir picos altos de hace dos años para atrás. Porque la dificultad en identificar qué materiales podrían provenir de un robo es alta: «A veces trocean el material robado y no lo venden justo cuando lo roban, sino que lo dejan “enfriar” y, además, lo normal es que una persona sola no sea la que venda todo, sino que utilizan a varias personas en varios establecimientos para venderlos».

Al margen de la ley

La Policía Nacional asegura que hay grupos organizados de compra y venta de chatarra al margen de la ley. Y aunque en un primer momento podrían relacionarse con delincuentes de la Europa del Este, hay bandas organizadas de todo tipo y nacionalidad, aunque reconocen que parte de la actividad que realizan algunos poblados rumanos es la de la chatarra. «Uno de los indicios que suelen dejar al robar cobre, por ejemplo, es que queman la cubierta de goma y los “pelan” para evitar que los cables puedan ser identificados porque aparecen marcas o señales. Y los restos de esos cables quemados aparecen no solo en los asentamientos, sino en los patios de barrios de nuestra capital», explica el responsable de la Brigada.

En definitiva, los chatarreros son un grupo empresarial que por lo general está fiscalizado, pero no forma parte de la Confederación de Empresarios (CECO) ni de la Asociación del Metal (Asemeco). De hecho el gerente de esta última, Alfredo Arroyo, aseguró que son «un sector aislado. Nunca han querido asociarse». Pese a todo, la chatarra es un negocio lucrativo en el que la inversión se ve compensada por una actividad, que, eso sí, se envenena por las prácticas de algunos y el riesgo que tienen los chatarreros de, sin saberlo, adquirir material robado.

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