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FORMACIÓN BAJO SOSPECHA

Descontrol hasta de quién hacía los cursos de formación

Diversas auditorias señalan que la Junta dejaba a las empresas elaborar los listados de alumnos

Reunión constitutiva de la comisión parlamentaria de los cursos de formación Archivo

R. R.

Un informe elaborado por la Intervención de la Junta reseña el caos contable y administrativo que fue la gestión de los cursos de formación en la provincia de Córdoba hasta tal punto que la Administración autonómica no controlaba ni quién hacía los cursos . La auditoría, realizada a mediados de 2014, explica que la misión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no solamente era la de gestionar las ayudas económicas a terceros sino la de elegir directamente a los estudiantes de acuerdo a las necesidades formativas de las personas que se encuentran en desempleo.

Las entidades, afirma la auditoría de control , podían colaborar pero en ningún caso erigirse como los seleccionadores de las personas a formar. El documento de Intervención asegura que los técnicos de la Junta se limitaban a poner su firma en la lista de las personas que se les facilitaban desde las entidades colaboradoras. Un segundo problema radica en los controles de asistencia. Los interventores hallaron diversas contradicciones entre los partes de asistencia y las firmas correspondientes.

Tanto es así que la Intervención de la Junta ya no se fía ni del sistema de auditores externos creados para evitar que estas cosas sucedieran. A raíz de los primeros problemas con la formación, todas las entidades tuvieron que presentar auditorías externas para comprobar que todo se había realizado conforme estaba previsto. Los técnicos de fiscalización no han encontrado grandes irregularidades en ellos. Sin embargo, reconocen que las auditoras nunca llegaron a trasladar la totalidad de los problemas que se encontraban en los cursos. « No ha sido una herramienta válida », explican los interventores.

Lo que sí queda claro es que la Junta nunca se preocupó de los efectos de la enorme cantidad de dinero invertida en la capacitación de desempleados. Por ejemplo, ninguno de los cursos auditados con compromiso de contratación presentan un seguimiento de que, efectivamente, las empresas contrataban a los trabajadores salidos de las herramientas formativas.

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