CASTRO DEL RÍO
La exhumación de la fosa obvió también la normativa de la Junta
Los familiares denunciaron la ausencia de personal técnico cualificado durante el proceso
La expresidenta del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Mar Téllez , apuntó a ABC que en el proceso de rescate de los huesos aparecidos en la fosa común de Castro del Río se hizo sin irregularidades , «con el aval científico de la Universidad de Granada» y con « personal autorizado ».
El caso es que ya existía una normativa autonómica del 7 de septiembre de 2009 sobre el protocolo a usar para las exhumaciones. Es decir, una orden anterior a esta actuación iniciada el 24 de noviembre del mismo año y que ya estaba en vigor.
En concreto, la orden, cuyo objeto es «regular el procedimiento de exhumación y el protocolo al que deberán sujetarse las exhumaciones realizadas en el marco del Decreto 334/2003, de 2 de diciembre».
Éste, por lo pronto, determina que tiene que haber una persona «con experiencia cualificada » que actúa como coordinador del proceso y que tiene que estar designada por el Comité Técnico de Coordinación, pero al que nadie en esta historia ha puesto nombre aún. Esta persona es la encargada de velar por que se cumpla el protocolo y de elaborar informes al respecto, que a día de hoy no han sido expuestos públicamente.
Material documental
Más en profundidad, el protocolo determina la necesidad de «conocer, con la mayor exactitud posible , la identidad de la persona desaparecida, la historia del caso y el contexto histórico local».
Eso requiere de un trabajo documental previo, con entrevistas a familiares «preferentemente mediante grabación o filmación », transcripción de las cintas y asegurándose su conservación. Algo que no se llevó a cabo, según han denunciado las familias de las 170 personas allí enterradas, quienes han asegurado que no se les avisó del inicio del proceso ni se les solicitó permiso.
Otro punto importante al que obliga la orden es la elaboración de la « ficha ante mortem » con datos detallados sobre la persona desaparecida, acompañados de documentación identificativa , circunstancias de su desaparición y posterior informe con traslado a la Consejería de Justicia , amén de publicaciones en tablones municipales , boletines provinciales o autonómicos o diarios de mayor difusión «en las que se anuncie la actividad a desarrollar para conocimiento general de los interesados».
Esto último, según Francisco Merino , presidente de la Agrupación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de Castro del Río , Mar Téllez lo obvió al «aconsejarnos no dar publicidad a los trabajos por el impacto que se produciría entre la población».
Pero donde más falla la operación es en la investigación forense . Corresponde al estudio en laboratorio para identificar al detalle el cadáver, las circunstancias de su muerte y una identificación comparativa (con ADN de familiares que no se practicó), y todo ello con expertos en biología forense, patología forense, odontología forense y antropoligía forense. La organización de la escuela taller explicó que los análisis no eran fiables por el contacto con la tierra.
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