Expedientes sancionadores

La Junta pide permiso al Juzgado para proceder contra las mordidas en Córdoba

Se trata de un expediente paralelo para dilucidar qué hacer con la gestión de las operaciones realizadas en 2015

Ángeles Muñoz, presidenta de Guadalquivir Futuro en el Juzgado
Ángeles Muñoz, presidenta de Guadalquivir Futuro en el Juzgado - Valerio Merino

La Junta ha pedido a la jueza de instrucción que lleva a cabo las investigaciones sobre las mordidas de Guadalquivir Futuro si puede proceder contra las entidades aludidas en el último de los expedientes sancionadores que se encuentra abierto sobre el presunto pago de parte de los salarios de trabajadores a cargo del plan Emple@, diseñado por el Gobierno andaluz con el objetivo de dar oportunidades laborales a desempleados en lo peor de la crisis.

La Consejería de Empleo, a raíz de las denuncias de los trabajadores ante la Inspección de Trabajo, ya solventó las mordidas pagadas en el año 2016. Sin embargo, abrió un expediente paralelo para dilucidar qué hacer con la gestión de las realizadas en 2015 sobre las que también existen denuncias de que se abonaron mordidas obligatorias. En este caso, a nombre de la entidad Jóvenes Hacia el Futuro, que fue la única de las entidades afines al PSOE en el distrito sur que consiguieron entrar en aquella convocatoria.

Dicho expediente se encuentra ya realizado y la investigación pertinente, preparada. Sin embargo, la Administración autonómica ha decidido no proceder directamente sin contar con el dictamen previo del juzgado. En este caso, por una cuestión relativa a la legalidad.

Las normas dicen que, en caso de que un mismo tema se encuentre sometido a un procedimiento penal y otro administrativo, es el de carácter penal -el que estudia si se ha producido un delito-, el que tiene preferencia. En este caso, la coincidencia es más que evidente. El expediente pendiente de resolución sancionadora se refiere al pago de las mismas cantidades que indaga el juzgado porque los denunciantes son los mismos, dos trabajadores de la primera «promoción» del plan Emple@ que abonaban 500 euros en mano del salario oficialmente asignado por la Junta de Andalucía. Desde el primer momento, Empleo ha considerado las medidas como un ilícito muy grave. La sanción impuesta por las ayudas de 2016 asciende a 40.000 euros a tres organizaciones y a la devolución de 300.000 euros con la accesoria de cinco años sin recibir ayudas de carácter laboral.

La Consejería de Empleo pretende esperar a la respuesta del juzgado que no ha tomado una determinación todavía sobre si la gravedad de los hechos conlleva la apertura de un sumario judicial. El caso se encuentra en diligencias previas a pesar de que el número de personas investigadas es ya relevante.

La Junta ha decidido ver este procedimiento judicial desde la barrera. Los informes de sus servicios jurídicos aseguran que el asunto ha de ventilarse mediante procedimientos sancionadores de carácter administrativo porque las cantidades que se desviaron no tienen la cuantía suficiente para que aborden desde el punto de vista penal. Podemos tiene pendiente su personación.

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