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CRISPACIÓN

Máxima tensión en Priego en el pleno ordinario tras el anuncio de la moción de censura

Cientos de personas se manifiestan en las puertas y toman el salón de plenos

Ciudadanos itentando acceder al salón de plenos del Ayuntamiento de Priego M. O.

M.O.

Cientos de personas se encuentran concentradas ante las puertas del Ayuntamiento de Priego y han abarrotado el salón de plenos en la sesión ordinaria que se está celebrando. El motivo no es otro que mostrar la repulsa a los miembros de la oposición de PSOE, PA y Participa Priego (marca municipalista de Podemos) por la moción de censura presentada hace exactamente una semana.

Los gritos y proclamas no han impedido que arranque la sesión, aunque la tensión es máxima y los agentes de la Policía Local pueden desalojar el edificio en cualquier momento.

Al iniciarse el Pleno, el portavoz del PSOE, José Manuel Mármol , ha tomado la palabra para pedir a la alcaldesa, María Luisa Ceballos, que tomase las medidas oportunas «para garantizar la seguridad de los presentes », ya que ha señalado que han intentado agredirle al entrar en el salón de plenos.

En este pleno, el equipo de gobierno lleva uno de los proyectos que ha servido a la oposición como argumento para desbancar a la alcaldesa María Luisa Ceballos . El PP lleva hoy al Pleno para su aprobación el acuerdo para iniciar la negociación con Aqualia para disolver la empresa mixta Aguas de Priego y que el Ayuntamiento tenga la gestión total del servicio del agua.

El concejal de Hacienda, Miguel Ángel Valdivia , ha indicado que este acuerdo plenario forma parte del «guión» establecido en 2016 para remunicipalizar el servicio. Ha informado que, tras haberse realizado una auditoría «y constatar que la gestión que se ha hecho del servicio del agua es legal», la única opción es «acudir a un proceso negociado » para que Aqualia renuncie a la adjudicación realizada en 2010 por un periodo de 27 años.

El documento elevado ayer al Pleno autoriza al Ayuntamiento a negociar y buscar la solución más favorable a los intereses municipales. Se trata, ha señalado Valdivia, «de evitar graves quebrantos económicos por lucro cesante e indemnizaciones» a la adjudicataria, así como evitar que el proceso acabe en los tribunales.

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