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VIVIENDA

«Okupas» profesionales

La ocupación de casas en la capital ha elevado el debate sobre la posible existencia de mafias y su perjuicio para vecinos y familias sin hogar

Agentes de seguridad privada en el Parque Azahara VALERIO MERINO

I. CONTRERAS

En la última semana, los vecinos de la urbanización Azucena en el Parque Azahara se han acostumbrado a vivir bajo la vigilancia de agentes de seguridad privada , después de que la Policía frustrara la ocupación de ocho viviendas vacías por parte de un grupo de personas con actitudes violentas. En el otro extremo de la ciudad, la comunidad que habita la urbanización Los Encinares de Alcolea celebra que en los últimos días la presencia policial a las puertas del complejo haya ayudado a evitar la entrada de sujetos indeseables y ajenos a la vecindad, mientras planean emprender acciones legales contra los «okupas» reincidentes que cada semana hacen suyas las casas inhabitadas , causando disturbios en la zona. Estos dos recientes casos de ocupación de viviendas han lanzado a la palestra el debate, hasta ahora silenciado, sobre la posible proliferación de bandas organizadas que ven en los edificios vacíos un filón para el negocio ilícito y la delincuencia por deporte.

El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica dejaron edificios a medio construir y cantidad de unidades residenciales sin vender, muchas de ellas ahora en manos de las entidades bancarias tras la quiebra de sus promotoras. En la citada urbanización del Parque Azahara, los «okupas» se lanzaron a la conquista de ocho viviendas que sabían vacías -propiedad de Vymplica - ante la incredulidad y frustración de los vecinos del bloque, paralizados ante las amenazas de estos delincuentes y que aún hoy rehúsan a hablar públicamente de lo sucedido por miedo a represalias . En este caso no se trataba precisamente de la ocupación a la desesperada de una familia recién desahuciada, sino de un acto de pura y dura delincuencia cometido por « vecinos de las Palmeras », según la Subdelegación del Gobierno y que fue frustrado por la Policía concluyendo sin detenidos . El suceso prendió la mecha y en los pasillos del Ayuntamiento y las dependencias del Gobierno comenzaron a sonar las expresiones «mafia», «banda organizada», «efecto llamada», «unión institucional», a la vez que otras voces lo negaban todo achacando lo ocurrido a simples « casos aislados ».

Si el móvil de los ocupas del Parque Azahara era instalarse en las mencionadas viviendas, lo que está pasando en Los Encinares de Alcolea los ocupas acuden cuando se acerca el fin de semana y han llegado a asaltar hasta nueve viviendas vacías de una promoción de casas adosadas, propiedad de una entidad bancaria, con patio y piscina particulares. « Vienen el fin de semana , como quien tiene una casa rural», explica a ABC uno de los vecinos, que lamenta que «los que vivimos aquí hemos invertido mucho dinero en estas casas y muchos estamos pagando hipotecas».

La Policía Nacional ya ha identificado a varias personas, pero la problemática continúa, según los vecinos afectados.

Inmobiliarias, otra víctima

El problema está más extendido de lo que parece, o al menos así lo aseguran las fuentes consultadas por ABC de diferentes agencias inmobiliarias con actividad en Córdoba. Relatan un episodio que se repite con demasiada frecuencia: los agentes inmobiliarios acuden a enseñar un piso a su posible futuro propietario y lo encuentran ya ocupado. No hay distinción de barrios ni perfiles: desde Ciudad Jardín hasta el Parque Figueroa, pasando por Santa Rosa. Ante esta coyuntura, las inmobiliarias dan parte al propietario -normalmente, entidades bancarias- para que éste haga el resto, y se conforman con la posible pérdida de la firma de un contrato.

Oportunismo insolidario

Además de los casos de Parque Azahara y Los Encinares, en la última semana se ha conocido la ocupación de dos viviendas en la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo . Su alcalde, Miguel Ruiz Madruga, asegura que la situación no es alarmante pero debe abordarse con sentido común y evitando frivolidades para que no derive en un problema de orden público. «Hay mucha gente que necesita una vivienda social con carácter de urgencia», asegura, una situación de la que se aprovechan estas posibles bandas organizadas cuyo objetivo no es entrar en el circuito de la asistencia social. A su juicio, la solución pasa por la unión entre administraciones, tanto para asistir a quien lo necesite -evitando desahucios y negociando soluciones habitacionales con los bancos-como para abordar con «contundencia» las ocupaciones ilegales.

Una tesis similar es la que mantiene Stop Desahucios , la plataforma heredera del 15M que ha luchado en los últimos años contra la crisis habitacional y que ahora observa con pavor lo que está sucediendo. Su portavoz en Córdoba, Francisco Gea , cree necesario un esfuerzo para «separar entre las familias que realmente necesitan una casa y las mafias y sinvergüenzas que se aprovechan de la situación». Estos últimos, según su parecer, están perjudicando gravemente la imagen de las personas que en un momento dado deciden ocupar la vivienda de un banco presas de la desesperación. Gran parte de la culpa, afirma, la tienen los políticos con competencias en esta materia, concretamente la Junta de Andalucía: «Esto está pasando porque no existen leyes efectivas de vivienda».

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