El gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Juan Carandell, con miembros del cuerpo
El gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Juan Carandell, con miembros del cuerpo - ÁLVARO CARMONA
INSTRUCCIÓN

Un opositor a bomberos de la Diputación de Córdoba llevó ante notario el examen que luego se filtró

El juez pide datos sobre el documento al entender que puede ser una prueba trascendental

CÓRDOBAActualizado:

El juez de instrucción número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, acaba de dar con lo que cree que es «la prueba». Y es que uno de los opositores que contaba con las preguntas no tuvo mejor idea que ir a un notario para que diese fe pública de la información que tenía entre manos. Lo hizo antes de que las pruebas se celebrasen, lo que constituye una prueba de cargo de primer nivel.

El juzgado se ha puesto manos a la obra porque considera que se trata de una información «trascedental» para las investigaciones que se siguen sobre el presunto amaño de las oposiciones que tienen imputada a la número dos del PSOE, Dolores Amo; al gerente del Consorcio, Juan Carandell, y a otras 26 personas. ¿Para qué se va alguien a un notario a registrar un examen filtrado? El auto no lo dice pero las razones parecen fáciles de explicar: era una prueba de seguridad si las cosas salían mal. En el caso concreto de que el aspirante no fuese elegido, siempre podía tener a mano una prueba de primer nivel con el objetivo de apretar las tuercas correspondientes. Si se cruzan los datos del auto con los listados de las prueba, parece que no fue necesario. Consiguió la plaza.

Información

El juez, durante la fase de testimonios, tuvo acceso a esta información y le ha dado la relevancia que tiene. En tanto se trata de datos importantes, ha pedido al Colegio de Notarios que le informe si la persona concreta que aparece como investigada realizó acta de manifestación, escritura pública o documento notarial similar durante un intervalo de tiempo muy preciso: entre el uno de enero y el 16 de febrero del año pasado. Solo en el caso de que la consulta dé frutos positivos, el juez valorará pedir la información teniendo en cuenta que tiene que proteger datos personales de la persona investigada para no incurrir en una nulidad.

La presunta existencia de un examen filtrado llevado a un notario antes de las oposiciones sería un problema de consideración para la postura seguida hasta el momento por la Diputación que consiste en negarlo todo y asegurar que se trata de hechos que obedecen a la denuncia de las personas que no consiguieron la plaza. Antonio Ruiz ni siquiera ha abierto una investigación interno. La persona que se fue al notario, imputado en la causa por prevaricación y descubrimiento de secretos, no es un cualquiera dentro de la trama que se está investigando. Siendo un aspirante a las oposiciones, consta que se ofreció a impartir cursos en La Carlota y la Subbética con el objetivo de formar a otros aspirantes -también interinos- con el propósito de que tuvieran unos puntos extraordinarios por formación.

Quien llevó los exámenes al notario organizaba cursos en los que se habrían difundido las preguntas

Esas clases servían para difundir las preguntas que, según las investigaciones, se filtraban desde la dirección del Consorcio para que los trabajadores de la casa pudieran conseguir la plaza de funcionario. Consta el nombre del directivo que las facilitaba y que, pasado el tiempo, decidió desvincularse de esta práctica. Las preguntas se facilitaban en la parte final de las sesiones entre ciertas medidas de seguridad como impedir la presencia de teléfonos móviles o cualquier tecnología de grabación.