URBANISMO

El plan de la Colecor vuelve al Supremo

El propietario de unos terrenos anexos quiere que se desestime por completo la regulación municipal

Las naves de Colecor, en la carretera de Palma del Río
Las naves de Colecor, en la carretera de Palma del Río - VALERIO MERINO

Una empresa privada propietaria de terrenos junto a las naves de Colecor, Proyectos Urbanísticos Aguilar SL, ha decidido volver a recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se limitó -en dos ocasiones- a considerar nulos dos artículos del plan especial de la carretera de Palma del Río, donde se emplazan las naves de Colecor del empresario Rafael Gómez.

La interposición del recurso paraliza los tiempos establecidos por la Gerencia de Urbanismo para reformar un plan que lleva coleando doce años sin que se haya podido realizar una aprobación completa por las sucesivas acciones judiciales emprendidas.

La empresa ya llevó el caso al Supremo al entender que la sentencia previa del TSJA no había planteado una respuesta a todas las cuestiones planteadas, argumento que le fue aceptado lo que motivó que todo el expediente judicial volviese de vuelta al tribunal de referencia. El segundo fallo del TSJA fue el mismo que el que dio origen al pronunciamiento del Supremo al declarar nulos los dos artículos recurridos por la Junta dedicados a la edificabilidad permitida en Colecor y a impedir los usos logísticos de las naves. La mercantil propietaria de los terrenos seguirá reclamando ante el Supremo la anulación total del plan.

¿En qué se fundamenta la petición?

Básicamente, son cuatro cuestiones. Las tres primeras son la utilidad pública de las naves de Colecor (una declaración necesaria para su legalización), la inclusión de usos prohibidos o que se pretenda legalizar una actuación sin licencia. La cuarta, clave, es que el plan especial ha decidido concentrar las posibilidades de edificación en un ámbito, cuya propiedad recae en Arenal 2000, dejando a los demás propietarios sin la posibilidad de construir ni un metro cuadrado.

Es decir, deja los terrenos exclusivamente para usos agrícolas y ganaderos. Los representantes de la empresa llevaron a cabo una decena de reuniones para explicar que la situación era manifiestamente injusta y que era necesaria una equidistribución de posibilidades a la hora de permitir el uso de los terrenos mediante proyectos de actuación. Esas negociaciones nunca dieron frutos. Los sucesivos equipos municipales se han centrado siempre en la misma tesis de concentrar usos dejando fuera de juego al resto de los interesados en desarrollar proyectos empresariales de distinta índole.

El actual gobierno municipal ha decidido no tocar ni una coma del plan especial hasta que no concluya el trámite ante el Supremo lo que contribuye a eternizar el problema de la regulación de una de las grandes piezas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). A ello ha contribuido siempre que la Junta de Andalucía se niega a llegar a un compromiso previo sobre qué ordenación sería la aceptable, la que no llevase a los tribunales de justicia. En el anterior mandato, el PP optó por no tocar el tema para evitar nuevos pleitos.

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