El concejal Juan Ramón Pérez Valenzuela, en el uso de la palabra
El concejal Juan Ramón Pérez Valenzuela, en el uso de la palabra - ARCHIVO
POLÍTICA

El presunto agresor del concejal del PP en Cabra lo niega todo

Asegura que interpondrá una denuncia contra el edil por la supuesta comisión de «un delito de detención ilegal o coacciones»

CÓRDOBAActualizado:

El presunto agresor del concejal del PP en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Cabra Juan Ramón Pérez Valenzuela, acontecida el pasado miércoles,niega los hechos y ha adelantado que interpondrá denuncia contra el edil por la supuesta comisión de «un delito de detención ilegal o, en todo caso, de coacciones».

Así lo expone el denunciante y su familia en un comunicado remitido a Europa Press, en el que muestran su «rechazo a las acusaciones» vertidas tanto por el concejal, como por el alcalde, el popular Fernando Priego, puesto que aseguran que el relato de los hechos «no se corresponde con la realidad».

Por ello, en dicho comunicado, la familia ha exigido públicamente al regidor que «dé orden inmediata a la Policía Local para que se conserven las grabaciones de las cámaras de seguridad» ubicadas en las fachadas trasera y laterales del Ayuntamiento egabrense «entre las 8,45 y las 9,30 horas» del miércoles, que cubren toda la zona entre la Plaza de España y el pasaje de la Calle Redondo Márquez donde, donde según el edil se produjeron los hechos.

«Será constatable si existió agresión

En este documento gráfico «deberían aparecer tanto la agresión denunciada» como ambas personas y advirtieron que de este modo «será perfectamente constatable si existió tal agresión y cómo pudo producirse», ha alegado la familia, que ha puesto en tela de juicio la versión de Pérez Valenzuela.

El comunicado «desafía» al alcalde a que, una vez se consigan las imágenes, «tenga el valor de publicarlas en la web del Ayuntamiento de Cabra» y en aquellos foros y redes sociales «donde con temerario desprecio a la verdad ha hecho públicas sus incriminaciones», con objeto de «demostrar si su versión se ajusta a la realidad».

De no ser así, por voluntad propia o en caso de que dichas imágenes se perdiesen «por falta de diligencia en su conservación», la familia entiende que «podría sospecharse que el Ayuntamiento quiere renunciar al esclarecimiento de los hechos» o «se habrían destruido pruebas que revelarían la verdad de lo sucedido».