La prohibición del glifosato hará perder al campo 2.000 millones de euros al año

En apenas una semana, a primeros de octubre, la Unión Europea debe decidir si se amplía o no la autorización por diez años para seguir permitiendo el uso del glifosato , un producto esencial para los agricultores debido a su disponibilidad, su inocuidad y su buena relación calidad-precio, usado tanto en la agricultura convencional, como en prácticas de cultivo sostenibles como la producción integrada o la agricultura de conservación. Se trata del herbicida más utilizado a nivel mundial, que lleva más de 40 años en el mercado. Cuenta a su favor con miles de estudios y pruebas que aseguran que su actividad es segura.

Por estas razones, el presidente de Asaja Andalucía , Ricardo Serra, también miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación de los agricultores, ha intervenido en el pleno de dicho órgano para dejar clara «la postura unánime de todos los agricultores europeos a favor del glifosato» y para «instar a la Comisión a escuchar a las agencias europeas competentes y a desbloquear la renovación de esta materia activa apoyando su resolución en criterios exclusivamente científicos».

El presidente de la patronal agraria puso de manifiesto los datos ofrecidos en un reciente estudio elaborado en España por una importante consultora internacional y extrapolable al resto de la Unión Europea, que cifra las pérdidas económicas que sufriría el campo español por la prohibición del uso del glifosato en 2.000 millones de euros anuales , a lo que habría que sumarle la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo. Otros sectores como el de los transportes y las infraestructuras también se verían severamente perjudicados».

Ricardo Serra aludió durante su intervención a que «si en los últimos años se había generado alguna duda sobre la inocuidad del glifosato, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos de Alemania (BfR), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y las autoridades de evaluación de Canadá, Japón, Australia o Nueva Zelanda se han encargado de despejarla», concluyendo que «la sustancia activa glifosato no es cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción». Por tanto, «dado que no hay ni una sola razón de peso para prohibir su uso, lo más sensato sería que ya, en la próxima reunión de octubre, las autoridades europeas desbloqueen este asunto y aprueben la renovación del glifosato para el periodo máximo que establece la legislación comunitaria».