La sentencia Vela

El magistrado cordobés del Tribunal Supremo Pedro José Vela Torres acaba de poner por escrito una sentencia fundamental en el futuro de las inversiones en bolsa . Si ustedes son asiduos a la prensa económica, o les gusta el asunto de jugar en el mercado de valores, sabrán que el alto tribunal —combinando dos pronunciamientos complejos— acaba de ofrecer una vía para que los pequeños ahorradores que apostaron por la antigua Caja Madrid de Rodrigo Rato recuperen su dinero como consecuencia de las irregularidades manifiestas que se reflejaron en la capitalización de Bankia. El fallo —combinado con un segundo pronunciamiento de la sala de lo Civil— viene a decir que si usted fue engañado con la valoración que se reflejaba en los documentos públicos de la oferta pública de acciones, tiene derecho a que se le devuelva el dinero invertido más los intereses.

El caso concreto es el de una familia de valencia que invirtió sus ahorros en la salida a Bolsa de Bankia. Por 5.500 acciones pagó 20.868 euros. En el momento en que decidió recurrir, una vez realizada la intervención de la entidad y la puesta en manos del actuar equipo inversor, la cotización ascendía a 3.455 euros, una séptima parte de lo que se abonó por las participaciones conducentes a capitalizar la ideaca del Gobierno de sumar a la moribunda Caja Madrid muertos como Bancaja o Banco de Valencia . El resultado fue la mayor intervención bancaria de la historia de España que ha costado unos 22.000 milones de euros.

Lo que aporta la sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado cordobés tiene que ver con la capacidad de los pequeños inversores para interpretar los números que se le aportan como verdades indiscutibles. Bankia no cotizaba en Bolsa. Por ende, el pequeño cliente nunca pudo consultar un historial previo de cotizaciones que permitiera conocer por dónde andaba el mercado. La única referencia era el folleto de la emisión, una documentación supuestamente comprensible que emiten las entidades que salen a Bolsa con todos los elementos reseñables de su actividad. Se trata de un documento —en ocasiones, solo apto para personas con mucho criterio legal y económico— que debe responder fielmente a la realidad con el objetivo de que el inversor compre con todos los datos en su haber.

Lo que la sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado cordobés, reconocido por su amplia formación y experiencia en materia mercantil, reseña es que el folleto fue manipulado con el objetivo de presentar unos beneficios que eran irreales. Los peritos del Banco de España han demostrado que la matriz del banco, BFA , reformuló sus cuentas con posterioridad a la venta de las acciones con el objetivo de reconocer pérdidas. Básicamente, se estafó a cara de perro a un montón de gente con la apariencia de legalidad afirmando que compraban tirado de precio un banco sólido —el descuento de las acciones era del 70 por ciento sobre el valor de libros— que, en realidad, estaba en la ruina. El fallo asegura que el valor real de las participaciones —el oficial eran 3,75 euros— era del 1 por ciento de lo declarado. Sirva este dato: entre finales de 2010 y 2011 las reservas de Bankia se redujeron, por saneamientos variados, en 9.000 millones de euros.

La sentencia Vela —hasta ahora, la más conocida era la que condenó a José Bretón por el secuestro y asesinato de sus dos hijos— va a generar una aluvión importante de iniciativas judiciales en un plazo muy breve de tiempo. Los grandes inversores han quedado excluidos de sus efectos, al entenderse tenían mecanismos para conocer la realidad de lo que compraban. Pero es que unas 400.000 personas adquirieron pequeños paquetes de participaciones. Según informes de la prensa económica, la entidad tiene provisiones realizadas por unos 1.800 millones ante reclamaciones actuales y futuras. Se están montando verdaderas campañas de comunicación de asociaciones y despachos de abogados para las personas que deseen que se les reintegre su dinero mientras el Ministerio de Economía está planteando un arbitraje para evitar una sucesión de pleitos que genere unos 500 millones en costas judiciales.