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GOBIERNO CENTRAL

La supresión del «tacón» ferroviario de los Olivos Borrachos debe pagarla el Ayuntamiento de Córdoba

El Ejecutivo central responde a una pregunta parlamentaria del PSOE sobre este punto de la ciudad

CÓRDOBAActualizado:

El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas de los diputados nacionales del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, ha afirmado que debe ser el Ayuntamiento de Córdoba el que asuma el coste que conlleve la supresión del llamado «tacón» ferroviario anexo a la barriada de los Olivos Borrachos, el cual limita el acceso a la misma.

Así lo ha avisado el Gobierno central en respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, ante las cuestiones planteadas por Hurtado y Serrano, quienes quisieron saber cómo se iba a actuar ante la pretensión municipal, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció el pasado junio que iba a estudiar, de que se cediera a la ciudad un terreno en forma de tacón, que está ocupado en buena parte por una vía muerta, para así ampliar la actual entrada a los Olivos Borrachos.

En concreto, los diputados socialistas preguntaron el pasado octubre «¿cuándo se va a acometer la reposición de las instalaciones ferroviarias afectadas?, ¿qué tipo de instalaciones son las que quedan en esos terrenos?, ¿dónde se van a reponer?, ¿cuál es la extensión de la superficie de dominio público afectada?, ¿cuál es la extensión de la superficie patrimonial afectada?» y «¿cuál sería la opción que se baraja para la obtención de esta superficie patrimonial?».

Ante ello, el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy ha contestado que «los terrenos ferroviarios de dominio público de titularidad de la entidad pública ADIF, que el Ayuntamiento de Córdoba quiere obtener para habilitar un vial de acceso al barrio de los Olivos Borrachos, se encuentran afectados por elementos de la infraestructura ferroviaria en uso, en concreto, por una vía de culatón y un parque deantenas de telecomunicaciones ferroviarias».

En consecuencia, «para regular adecuadamente todas las cuestiones planteadas, sería conveniente la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba y la entidad pública ADIF», y «tal convenio habría de partir de la premisa de que el coste de la reposición de esas instalaciones ferroviarias, a definir en el correspondiente proyecto y la concreción de su traslado, debería ser asumido, en todo caso, por el Ayuntamiento».

A este respecto, el Gobierno ha aclarado que «ADIF no puede asumir un coste que deriva de una necesidad puramente urbanística», ya que «no hay ninguna necesidad de orden ferroviario que determine que haya que trasladar las instalaciones ferroviarias en cuestión a otra ubicación» y, «sin esa reposición previa no es posible proceder a la desafectación de esos terrenos demaniales ferroviarios».

Además, según ha señalado el Ejecutivo central, «la forma concreta de obtención de los suelos de ADIF, una vez repuestas las instalaciones ferroviarias y desafectados formalmente del servicio ferroviario, sería una cuestión a dilucidar en ese convenio, pudiendo arbitrarse en el mismo soluciones provisionales que permitieran su urbanización como vial lo antes posible».

El Gobierno concluye su respuesta detallando que «la extensión de la superficie de dominio público afectada se corresponde a unos 1.240 metros cuadrados, aproximadamente», mientras que «la extensión de la superficie patrimonial afectada se corresponde con los suelos de ADIF ya ocupados por el Ayuntamiento como vial, pero no regularizados», y que suponen «unos 1.690 metros cuadrados, aproximadamente».

Reunión en Madrid

Esta respuesta del Gobierno, con fecha del pasado 12 de diciembre, se ha producido después de que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), mantuviera una reunión en Madrid, el pasado 14 de junio, con el presidente de ADIF, Juan Bravo Rivera, y la directora general de Explotación, Isabel Pardo, en la que se trató la posible cesión a la ciudad del mencionado «tacón» de los Olivos Borrachos.

En ese momento el Ayuntamiento informó que ello permitiría «poder ampliar considerablemente la actual entrada al barrio, que ahora se encuentra estrangulada con la vía muerta existente», y desde ADIF se trasladó al Consistorio la disposición a estudiar en qué condiciones se podría proceder a dicha cesión, lo cual ha sido ahora precisado, en parte, por el Gobierno central.

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