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EDUCACIÓN

La Junta, denunciada ante la Fiscalía por el cierre de los comedores escolares de Granada

El sindicato Comisiones Obreras ha presentado el escrito por una supuesta vulneración del derecho a la alimentación de los menores

La Junta, denunciada ante la Fiscalía por el cierre de los comedores escolares de Granada

DIEGO MÁRQUEZ

Comisiones Obreras de Granada ha presentado ante la Fiscalía Superior de Andalucía una denuncia por una supuesta vulneración del derecho a la alimentación de menores en centros escolares concertados de Granada y provincia , donde la Junta de Andalucía adeuda desde hace meses el servicio de comedores, que en algunos casos se han visto abocados al cierre.

Son más de trescientos escolares los afectados por los cierres derivados de los impagos de la Junta solo en la zona norte de Granada capital que podrían ser constitutivos, según consta en la denuncia, de un supuesto delito de denegación de auxilio. En opinión del secretario provincial de Comisiones Obreras, Ricardo Flores , se les está privando de un derecho básico como es la alimentación. «La Fiscalía está para velar por los ciudadanos y por ello esperamos que atienda y se ocupe de nuestra petición», ha indicado en un comunicado tras presentar la denuncia. 

Los centros afectados por la falta de comedor son Luisa de Marillac, San José y Amor de Dios , que suman los más de tres centenares de escolares a los que no se les presta el servicio. Además, el centro Ave María Esparraguera (Motril), Padre Poveda (Guadix) y Ciudad de los Niños de Granada están manteniendo el servicio de comedor con recursos propios pero se encuentran en una situación prácticamente insoportable. 

La denuncia especifica que « desde el curso 2013-2014 la Consejería de Educación no abona las subvenciones comprometidas a los centros» que a veces atienden directamente los comedores y en otros a través de empresas de catering «dándose la circunstancia de que al haber mantenido los comedores abiertos han tenido que sufragar los gastos de alimentación de los menores». 

La cuestión, «impropia de un país desarrollado y de un Estado Social y de Derecho », afecta «a un grupo de población infantil desfavorecida que en muchos casos es la única ingesta diaria que realizan», prosigue la denuncia. 

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