sucesos

Un año del escándalo de los Romanones, el caso que conmovió a la ciudad de Granada

Desinflado tras la prescripción de los delitos de once de los doce implicados en los supuestos abusos a un joven, la acusación particular denuncia «falta de voluntad de investigación»

Un operario retira las pintadas que aparecieron en la iglesia al destaparse el caso
Un operario retira las pintadas que aparecieron en la iglesia al destaparse el caso - Ruiz de Almodóvar
diego márquez - Granada - Actualizado: Guardado en: Andalucía Granada

El pasado 14 de octubre hizo un año de que un joven interpusiera denuncia por supuestos abusos sexuales cuando era menor de edad contra un grupo de once sacerdotes y dos seglares después de poner su caso en conocimiento del Papa Francisco que le pidió perdón en nombre de la Iglesia.

Algunos les conocían en los barrios y pueblos granadinos donde ejercían su labor pastoral como los Romanones o Romanes. El padre Román es el único que sigue imputado en este proceso judicial que encara la recta final de su instrucción, y previsiblemente se sentará en el banquillo por supuestos abusos sexuales con prevalimiento, es decir, utilizando su posición de poder respecto del joven, lo que puede estar penado con prisión de entre cuatro a diez años.

En noviembre, tras trascender el caso, fue detenido junto con otros dos sacerdotes y uno de los seglares, profesor de Religión. En el barrio del Zaidín de Granada, los vecinos reconocían en los telediarios la iglesia de San Juan María de Vianney donde era párroco Román, de donde era su supuesta víctima.

Aparecieron pintadas contra la pederastia, los feligreses no dieron crédito al ver implicados a sacerdotes que habían visto desvivirse en las actividades sociales y culturales de la parroquia, que cuenta con un pequeño huerto trasero, y algunos vecinos recordaron las murmuraciones que precisamente dichas actividades, en las que participaban muchos jóvenes del entorno, suscitaban alguna noche en que se prolongaban bien entrada la madrugada en la casa parroquial.

Manuel, a cuyo nieto hoy adolescente lo bautizó el imputado, no entiende que puedan prescribir supuestos delitos como los que se ha comentado que sucedieron entre estos hombres que compartían distintas viviendas. Otra vecina que se declara católica practicante y prefiere no dar su nombre reconoce que hay «de todo en el mundo» también en la Iglesia.

La relación entre Román y el joven denunciante, según el relato indiciario de los hechos, data de 1997 cuando la víctima tenía 7 años. Fue monaguillo en la parroquia, y llegó a convivir ya adolescente con el grupo siguiendo una vocación sacerdotal que casaba mal con la práctica de masajes que supuestamente derivaron en tocamientos cuando dormía en la cama del imputado que más tarde le habría incitado a distintas prácticas sexuales en el chalé de la urbanización de Los Pinillos, en el área metropolitana.

Abandonó el grupo en 2007. La Policía Científica dio crédito al relato del joven sobre el de su supuesto abusador. Y él reproduce conversaciones que traslucirían cuanto menos una invasión de su intimidad cuando le preguntan «por que tú eres virgen, ¿no?», o un empuje hacia ciertas conductas porque Román sentía «predilección» por él. Todo ello acrecentaba su sensación de que vivía una «locura» y «sin poder contárselo a nadie».

Prescripcción

En su vertiente mediática el caso se ha desinflado un año después. Tras levantar el secreto de sumario ya a principios de este año, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada señaló que los delitos que pudieran haber cometido prescribieron al hacer más de cinco años de su supuesta comisión. La Audiencia Provincial lo corroboró en septiembre.

El abogado del padre Román, Javier Muriel, lamenta que «se disparó con pólvora de rey» trasladando en su opinión «una imagen completamente distorsionada de un grupo de sacerdotes que vive su religiosidad con la más absoluta normalidad» y que estaba «perfectamente incardinado en las parroquias en las que han trabajado», en pueblos como Órgiva u Ogíjares, con un «inmenso apoyo» de sus fieles. La defensa ha presentado, en esta fase final de la instrucción del caso, una batería de «pruebas objetivas que desmontan la versión» del denunciante.

«No son esenciales al fondo del asunto», explica el abogado del joven denunciante, Jorge Aguilera, que recuerda que estos hechos «no se cometen con luz y taquígrafos».

Hay que recordar que el padre Román tuvo que pagar 10.000 euros de fianza para permanecer en libertad y que, junto con los otros dos sacerdotes detenidos fueron suspendidos en su día por el Arzobispado de Granada, responsable civil subsidiario.

Grupo compacto

El arzobispo, Francisco Javier Martínez, tuvo que entregar al juez el resultado de la investigación canónica que había remitido por carta de 30 de octubre de 2014 a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la que se habla de un «grupo muy compacto y cerrado» en el que algunos de los sacerdotes del grupo pudieran haber sido víctimas, convertidas con el tiempo en cómplices en mayor o menor grado, según la consulta del contenido de la misiva que pudieron hacer las partes.

Juan Pedro Oliver, presidente de la asociación Prodeni de defensa de los derechos de los niños, personada en la causa, lamenta la «falta de voluntad de investigación» de la Fiscalía y del juzgado que para Oliver cometieron una «aberración jurídica» al declarar prescritos delitos sin «completar la investigación» que tampoco contempló los posibles delitos de asociación ilícita y corrupción de menores.

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