La excúpula de la Alhambra ha vuelto a ser detenida por una presunta red de contratación ilegal
La excúpula de la Alhambra ha vuelto a ser detenida por una presunta red de contratación ilegal - L. R.
ALHAMBRA GRANADA

La Alhambra de Granada: corrupción en un reino de taifas sin solución

La Operación Colina Roja ha vuelto a evidenciar los problemas de gestión en el monumento más visitado de España

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Hoy son unos pocos afortunados los que pueden pernoctar en la Alhambra de Granada, antaño levantada y morada por reyes y más tarde habitada por gentes harapientas antes de ser recuperada como joya patrimonial hace casi 200 años. Aquella vieja fortaleza que fue es «algo definitivamente ido para no volver más». Lo escribía en 1926 desde Granada su más importante conservador, el arquitecto Leopoldo Torres Balbás. Los alabados trabajos de restauración acometidos desde entonces y el misterio natural que se intuye en su entorno monumental eclipsan una gestión cuestionable y cuestionada desde hace lustros, y de nuevo ahora por las dimensiones que ha adquirido la Operación Colina Roja II. Fruto de una extensa investigación policial, la fortaleza gobernada por la Junta de Andalucía ha vuelto a evidenciar cómo aquella ciudadela que un día fue la Alhambra ha mutado hasta convertirse en un reino de reinos de taifas, cada cual con un interés.

Hoy hay quien hace el símil novelado con «La conjura de los necios» y habla de un perpetuo enfrentamiento por disputarse las tajadas de un suculento pastel guindado con venganzas, litigios, mercadeo y opacidad. Guías por un lado, hoteles, touroperadores de acá o de allá y distribuidores de entradas por otro; también están los peones de seguridad, casi psicóticos por la inercia de la caza de brujas que ha sido el caso Alhambra, un fiasco ya juzgado–instruido por un juez vinculado económicamente al Patronato– en el que la Junta de Andalucía, a pesar de aportar documentación falseada, no pudo demostrar la supuesta trama de trabajadores para acceder de forma fraudulenta al monumento.

Y por encima de todos ellos, los gestores políticos de un patrimonio público administrado con criterios difusos y cambiantes, y sobre los que se extiende la larga sombra de las sospechas por corrupción. Esas son algunas de las piezas de un engranaje complejo, perfectamente instalado y de alguna forma fomentado desde el propio Patronato de la Alhambra y el Generalife, que aún no ha conseguido dar con la tecla de un sistema informático de gestión de entradas capaz de contentar a todas las partes: porque son los tickets el motivo que se esconde detrás de casi todas las discordias.

El sultanato caído

La Operación Colina Roja II ha devuelto a la polémica –como si en algún momento hubiera salido de ella– al monumento. 26 detenidos; dos de fuera de Granada. Entre los arrestados, los mandamases: la cúpula que durante una década dirigió el Patronato de la Alhambra, con la socialista Mar Villafranca a la cabeza de una presunta red perfectamente organizada para delinquir. Si las órdenes partían de ella o llegaban desde Sevilla es algo que se desconoce, por ahora. Tendrá que explicarse próximamente ante el juez, como también sus más inmediatos colaboradores: la exsecretaria general, Victoria Chamorro, y José Visedo, el que fuera hombre fuerte de la Alhambra a cargo de asuntos económicos y de visita pública después de haber sido jefe de Patrimonio de la Junta.

A ellos tres ya les detuvo en 2015 la Policía, que cifra el desfalco en 7 millones de euros, mientras que la auditoría presentada en 2017 por la propia Junta de Andalucía eleva el perjuicio económico a 12 millones por las irregularidades en casi 200 contratos. La UDEF cree que ese boquete es el origen del dinero que manejaban los máximos responsables del monumento, delatados por un nivel de vida incompatible con sus ingresos y que, hace ya años, llamaba la atención dentro del propio PSOE, donde llegó a tener importante peso. No parecía lógico que Villafranca, sultana durante una década de este reino de taifas, estrenara atavío prácticamente cada día; no con su sueldo.

Una auditoría elaborada por la propia Junta de Andalucía detectó irregularidades en 200 contratos y cifró en 12 millones de euros el perjuicio económico para la Alhambra

La UDEF ha llegado a referirse en sus informes a la Alhambra como «agencia de colocación» de amigos y familiares mediante la externalización de servicios adjudicados a empresas que, de facto, habrían estado administrados por los propios directivos del monumento. La investigación se encuentra en una fase avanzada, aunque no lo suficiente para señalar la presunta financiación irregular del PSOE por un caso que emprendió la Fiscalía en 2015 a raíz de una única adjudicación, la del servicio de audioguías, pero que se ha extendido. Ahora son ocho las sociedades y al menos 26 personas, algunas de las cuales siguen trabajando en 'la casa', investigadas por blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Hay casos flagrantes que podrían no deberse solo a errores de gestión, como el del aceite de la Alhambra, que costeaba la explotación de sus olivos y prácticamente regalaba la producción al adjudicatario; está siendo investigado. En este ejemplo, la Alhambra perdía grandes cantidades de dinero con la adjudicación del contrato. Otras licitaciones, en cambio, le suponen un gran negocio. Así ocurre con el programa educativo, en el que la Alhambra invierte menos de la mitad de lo que obtiene por vender sus entradas a los escolares.

De este programa se encarga Huerto Alegre, una empresa vinculada al PSOE y a la Junta desde sus inicios en los 80. Todos los años se hace con el programa de visitas para colegios, que no pueden elegir a sus propios guías. Tienen que optar entre hacer una visita «autoguiada» gratis o pagar 5 euros por escolar –más bus– por una ruta que no explican guías oficiales, sino «intérpretes del patrimonio», una figura que ni siquiera existe como tal. Hay colegios que reconocen que no pueden y son sus propios profesores quienes hacen la ruta con los niños. La empresa, de obtener beneficio económico de este contrato por los bajos salarios que paga, fomenta el empleo precario e irregular, como reconoció la inspección de la Seguridad Social a los trabajadores.

Un servicio sospechoso

También ha estado bajo sospecha en la investigación Servex, la cooperativa que se hizo sin concurso –no hay rastro del informe de la mesa de contratación– con el servicio de gestión de entradas, fundada por un informático que ya trabajaba en el Patronato y que declaró a favor de éste –y en contra de los guías, guardias de seguridad, distribuidores, informáticos o bancarios supuestamente confabulados– en el juicio del caso Alhambra, un caso alentado por el propio Patronato, que puso en conocimiento de la policía autonómica una denuncia entre familiares de dos agencias turísticas que desató una oleada de arrestos a un centenar trabajadores por un supuesto perjuicio de 8 millones de euros que no ha sido demostrado.

Según ha llegado declarar en sede policial una de las responsables de la contratación, en realidad todo era un «paripé» y los pliegos se hacían a medida, cuando no era la propia empresa la que solicitaba la documentación para ponerse a sí misma las condiciones, como consta en correos electrónicos recogidos en el sumario. Paradójicamente, empresas como Servex continúan trabajando en la actualidad con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, desde donde aseguran que ahora –¿y antes? ¿Y para qué están el resto de insistuciones representadas en su consejo de goberno?– se cumple con la legalidad. Más o menos lo que dice la Junta, que pide que respeto a la presunción de inocencia de los investigados, al igual que el PSOE, donde desconcen «lo que ha pasado». Ciudadanos lo critica. El PP también, como suele. Los populares han vuelto a pedir la gestión del monumento para Granada y ha conseguido sacar adelante en el pleno del Ayuntamiento una moción para reclamar más transparencia al Patronato.

Una de las responsables de contratación afirma que los concursos eran un «paripé» y los pliegos se hacían a medida

Mientras se libra la batalla política, siguen las peloteras por las entradas; ahora porque son nominativas. El sector turístico ha emprendido una campaña en contra bajo el paraguas de la plataforma «Todos somos la Alhambra», creada para revertir la desunión que históricamente ha existido. Un ‘lobby’, según el actual director de la Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano, que esgrime motivos de seguridad para justificar una medida que pone en peligro «ese turismo de calidad que tanto ha costado conseguir en Granada», alertan expertos en el sector, por la poca flexibilidad para adquirir el billete en la modalidad guiada. Imposible en menos de tres días. No se hacen cambios.

A pesar de ese afán por la seguridad, el conjunto monumental –no es por dar ideas, pero a buena parte se accede libremente– carece a día de hoy de algo tan simple como arcos detectores de metales. Además, son pocos los guardias que velan por la seguridad en grandes áreas del monumento. A veces ni hay en los espacios exclusivos que se rotan para abrir una vez al mes, cerrados durante casi todo el año para preservar el patrimonio. Tampoco se ha aclarado si las entradas serán nominativas para el resto de eventos que se celebran en la Alhambra. Y tampoco parece que los nuevos tickets vayan a frenar la perseguida reventa, que es otro de los objetivos de esta medida. Puede haber fórmulas.

La recién implantada modalidad se encuentra en el aire a la espera de encontrar una solución de consenso, algo difícil de conseguir con tantos intereses enfrentados. Y tal vez no exista una solución idílica. «Nadie tiene una fórmula mágica», reconocen hasta los más críticos. Pero la que hay dista de ser la solución de definitiva a un problema al que se suman otros tantos. Quienes trabajan con el monumento lamentan la falta de previsión, la nula transparencia y los continuos cambios reglamentarios a los que se someten las visitas en el monumento más visitado del país, y el único con entradas nominativas.