Imagen del interior del depósito de Urbanismo donde se encontraba la documentación «perdida».
Imagen del interior del depósito de Urbanismo donde se encontraba la documentación «perdida». - ABC
CASO NAZARÍ

El Ayuntamiento de Granada reconoce que ha «perdido» documentación relativa al caso Nazarí

El Archivo Municipal asegura que «nunca» ha custodiado los expedientes sensibles desaparecidos, trasladados días antes de la operación policial

GRANADAActualizado:

«Esa información que se ha perdido no ha estado nunca custodiada por el Archivo Municipal». Lo afirma un alto cargo del mismo sobre el traslado irregular de expedientes de Urbanismo en los días previos a la Operación Nazarí, un hecho desvelado por ABC y al que nadie ha dado explicación. El Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PSOE, desconoce el paradero de esta documentación, de especial trascendencia para la normal marcha del caso en el que se investiga una presunta trama de corrupción liderada por el exalcalde popular José Torres Hurtado y que sin embargo se remonta a la anterior etapa socialista.

Los expedientes sensibles –de los años que abarca la investigación– se encontraban en uno de los tres depósitos de documentación con los que cuenta la Concejalía de Urbanismo en su sede de Gran Capitán. Este depósito ha estado siempre desprovisto de medidas de seguridad y no fue hasta hace poco menos de año cuando el Consistorio instaló una cámara de videovigilancia en su puerta. «Lo hemos pedido muchas veces», insisten desde el Archivo Municipal, que descarga cualquier responsabilidad sobre el anterior equipo de gobierno, a cuyas órdenes está el técnico archivero encargado de los registros documentales de Urbanismo: «Es de nuestra plantilla, pero allí presta un servicio de apoyo».

Sin control

Urbanismo no ejercía ningún control preciso sobre la entrada y salida de documentos en este depósito en concreto, según han señalado hasta tres fuentes de la Concejalía, por lo que se desconoce con exactitud qué información se ha perdido. Tras la mudanza, en el citado depósito –ubicado en un ala del archivo propio de Medio Ambiente– apenas quedaron algunos informes incompletos y expedientes de importantes obras de Granada, como la del Estadio Los Cármenes o el Parque Federico García Lorca, además de algunos restos de lápidas y columnas de la época en la que la sede de Urbanismo era hospital y convento.

A falta de medio año para la Operación Nazarí, el Ayuntamiento planeó el traslado a cinco meses vista. Y empleó a becarios con la única directriz de quitar grapas y meter los papeles en cajas a discreción para, teóricamente, su posterior traslado al archivo general administrativo. Pero los legajos nunca llegaron al número 72 de la calle San Antón, como confirman sus propios archiveros. Tampoco pasaron al archivo histórico.

De hecho, Urbanismo retiene sus expedientes desde 1985 a pesar de que la Concejalía debe enviarlos un año después de su tramitación o, como muy tarde y en casos excepcionales, una década más tarde, de acuerdo con el reglamento municipal consultado. Urbanismo ha dispuesto durante todo este tiempo de otras sedes oficiosas desperdigadas por la capital para almacenar sus legajos, como las instalaciones de Mercagranada u otro depósito que se encuentra en el barrio de la Chana y al que sí se mudan documentos con regularidad «por falta de espacio».

El equipo de gobierno socialista no ha ofrecido respuesta a la última cuestión planteada por este periódico sobre el paradero de los expedientes sensibles. Meses atrás, tras negar que se produjera un traslado excepcional de expedientes, el Consistorio contestó con contradicciones: por un lado, el Ayuntamiento afirmaba que la documentación estaba a disposición de los agentes para ser recogida en cualquier momento, mientras que otras fuentes oficiales señalaron que la UDEF ya incautó toda la información existente el 13 de abril de 2016, extremo que desmiente la Policía.

«Obstrucción y encubrimiento»

La propia titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada y la UDEF han reclamado al Ayuntamiento en diversas ocasiones y con insistencia –por las constantes demoras– documentación relativa a los ocho expedientes investigados en este caso. En su última petición, este mismo lunes, la magistrada María Ángeles Jiménez exigía la recepción de información, que ya solicitó en enero, sobre el expediente del piso del exalcalde y la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, también investigada. La investigación apunta a las supuestas maniobras legislativas para reducir paulatinamente la multa que debía pagar el inmueble por las irregularidades detectadas, que no llegó a ser abonada.

El Consistorio solo ha enviado un papel –que avalaría la versión de Isabel Nieto sobre el procedimiento de compensación en el caso de se produzcan irregularidades durante la ejecución de la obra– y la juez ha dado un ultimátum de 48 horas para que aparezcan el resto de documentos. De lo contrario, advierte, tomará medidas. Por ello, la juez quiere identificar al encargado de aportar los expedientes para dirimir la «posible responsabilidad» en que incurriría en caso de incumplimiento. Y el expediente del piso de Obispo Hurtado no es el único que está dando problemas en ese sentido.

El Ayuntamiento tampoco está aportando información sobre el Pabellón Mulhacén, cuya construcción perjudicó al empresario Ramón Arenas, que no pudo edificar la guardería que había proyectado por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento hacia el empresario, también investigado, Roberto García Arrabal, que habría invadido su parcela con impunidad, de acuerdo con los informes policiales y los de la Junta de Andalucía, cuyos técnicos manifestaron la existencia de múltiples irregularidades en el escrito remitido al juzgado.

Tras dos años solicitando documentación sin éxito, Ramón Arenas se decidió la pasada semana a denunciar al Ayuntamiento de Granada por «obstrucción reiterada y encubrimiento». La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige contra el equipo de gobierno socialista –solo se citan los nombres del alcalde Francisco Cuenca y el concejal Baldomero Oliver– y varios cargos del gabinete jurídico y del área de Urbanismo, a los que Arenas culpa directamente de la situación.