TRIBUNALES

El centro comercial Nevada pasa la factura: Así se se fraguó la histórica condena contra la Junta

La Junta recurrirá el auto del juez que le obliga a pagar 157 millones y el PP pide dimisiones por «dejación de funciones»

Centro comercial Nevada, en Armilla
Centro comercial Nevada, en Armilla - ABC
DIEGO MÁRQUEZ Granada - Actualizado: Guardado en: Andalucía Granada

El laberinto de irregularidades en el que se desenvolvió la tramitación del nuevo centro comercial de Armilla, en Granada, tiene precio: el pago de 157 millones de euros con el que la Junta de Andalucía tendrá que indemnizar a su promotor según auto judicial. El Nevada llegó a juicio oral en 2010 y tanto a los responsables municipales socialistas como el promotor, el empresario Tomás Olivo, que estuvo imputado en la operación Malaya, se les impuso penas de cárcel.

En este caso, el empresario siempre advirtió que las administraciones terminarían pagando las dilaciones a las que, por sus diferencias de criterio, sometieron al centro comercial que finalmente va a inaugurar el próximo mes de noviembre, tras ser derruido en parte por orden del juez.

Olivo cifra en hasta 500 millones de euros lo que habría perdido en la última década. De momento, ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada condene a la Junta a pagar una parte tras estimar la pretensión indemnizatoria subsidiaria que formuló su empresa General de Galerías Comerciales por daño emergente y lucro cesante.

El diputado provincial del PP, Antonio Ayllón, ha recordado que el «papelón» de la Junta de Andalucía comienza cuando no impugnó la licencia de obras del centro. «Entre mayo de 2005 y diciembre de 2006 nos hartamos de pedir que lo hiciera, pero ellos miraron para otro lado», explicó quien fue también alcalde de Armilla ya a principios de esta década.

El peso específico dentro del PSOE en la provincia de Granada de lo que se conoció como «el clan de Armilla» impidió a la Junta tener una posición clara en defensa de la legalidad en un municipio que es el que más crecía del Área Metropolitana granadina. «No hicieron nada por impedir que avanzaran unas obras que tenían informes contrarios», resumió Ayllón.

Cuando las alertas empiezan a saltar, es tarde. Desde la delegación del Gobierno andaluz, la hoy jefa de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez, empieza a mover ficha pero no fue suficiente. El PP, que lleva este jueves el caso al Parlamento de Andalucía, pedía ayer su dimisión porque considera que cometió «dejación de funciones» en medio de este entuerto en el que hubo «negligencia».

La Junta impugnó la licencia fuera de plazo y en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una sentencia en la que le daba validez. Era la herramienta que necesitaba Tomás Olivo para reclamar con el tiempo que se subsanen los daños que considera se cometieron contra sus intereses. El denominado lucro cesante era también el argumento que daba el Ayuntamiento de Armilla para seguir adelante con la construcción del centro comercial Nevada, una vez empezado, aunque fuera con chapuzas administrativas como la licencia que se dio con el informe en contra del arquitecto técnico y la oposición del secretario.

En una entrevista con Ideal en 2006, el entonces alcalde armillero,José Antonio Morales Cara, ya advirtió que si las obras se paraban «y luego la licencia es, como nosotros pensamos, totalmente correcta, habrá que pagar». Lejos de pensar en aquella fecha que terminaría sentado en el banquillo de los acusados y condenado por el caso Nevada, que terminó con su carrera política cuando perdió definitivamente la confianza de la dirección provincial socialista.

Diez años después, la Junta de Andalucía ha anunciado en un comunicado que recurrirá el auto del juzgado granadino indicando que ha actuado «siempre en defensa de la legalidad, avalada por informes técnicos y jurídicos». Considera que el promotor no tiene derecho a indemnización pues «no se puede indemnizar por daños y perjuicios a quien ha cometido un delito». Además, «los daños no están acreditados» ni existe «conexión probada de los daños y la medida cautelar que ordenó el propio juzgado», indica la administración autonómica en el mismo comunicado.

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