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El fiscal denuncia al exalcalde de Granada por la «venta en diferido» de la Casa Ágreda a una ONG marroquí

Abierta una nueva investigación contra Torres Hurtado y la exedil de Urbanismo por posible prevaricación

La venta de la Casa Ágreda salpica la gestión del exalcalde granadino Torres Hurtado IDEAL / ALFREDO AGUILAR

ABC

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto una nueva investigación contra el que fuera alcalde de Granada hasta hace unos meses, José Torres Hurtado (PP), y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto por posible prevaricación y otros delitos relacionados con la adjudicación de la Casa Ágreda , un inmueble del siglo XVI situado en el Albaicín, a la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE), una ONG marroquí , han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Esta nueva investigación, que se suma a la de la ' Operación Nazarí ', que supuso el arresto del exalcalde y de la edil por supuesta corrupción en la cúpula de Urbanismo y que derivó en su dimisión el pasado mes de abril , se ha abierto tras la denuncia presentada por la Fiscalía de Granada, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía ordenara la apertura de diligencias de investigación , según informa el diario 'Ideal' de Granada.

La investigación también afecta a varios funcionarios municipales, algunos también imputados en el caso de la 'Operación Nazarí', del que se encarga el Juzgado de Instrucción 2, y podría incluir, según el rotativo granadino, a los miembros de la junta de gobierno local que el 12 de septiembre de 2014 dieron su visto bueno a la operación de adjudicación, considerada una venta 'en diferido'.

Precisamente una de las primeras medidas que adoptó el alcalde socialista Francisco Cuenca cuando llegó al gobierno del Ayuntamiento fue la resolución del contrato por el que se adjudicó el uso de la Casa Ágreda a la AIDE, al considerar que esta operación suponía «malvender» este bien patrimonial.

La medida fue anunciada por el propio alcalde, que explicó que la resolución se producía debido además al «incumplimiento» que esta ONG ha hecho de una de las cláusulas del contrato , concretamente la presentación del proyecto de rehabilitación que debía acometer en este inmueble catalogado en un plazo de seis meses.

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