José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, investigado por varios casos de presunta corrupción
José Torres Hurtado, exalcalde de Granada, investigado por varios casos de presunta corrupción - ABC
CASO SERRALLO

El PP de Granada, condenado a su renovación por el caso Serrallo

El grupo municipal afronta una inminente «purga» para dejar atrás la etapa de presuntas irregularidades lideradas por José Torres Hurtado

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Con seis de sus once concejales imputados y a un paso del banquillo, el grupo municipal del PP en Granada tiene ante sí un horizonte complicado. Los años de gestión con el exalcalde José Torres Hurtado al frente han dejado un reguero de presuntas irregularidades, y el caso Serrallo es solo el primero, la antesala de una ristra de casos judicializados sobre los que tendrán que responder los populares granadinos en los meses venideros y sin que aún Génova se haya decantado por un líder de cara a las próximas elecciones, a las que PP quiere llegar libre de cargas con la inminente renovación del grupo en el Ayuntamiento.

Todo hace indicar que el caso Serrallo irá a juicio, y que serán citados a declarar como acusados –puesto que la Audiencia ha tumbado su recurso– los seis ediles populares en activo, además del exregidor y otros tres exconcejales, entre los que se encuentra la que fue delegada de Urbanismo, Isabel Nieto. El Juzgado de Instrucción 2 de Granada considera que, a pesar de contar con informes técnicos favorables, los corporativos podrían haber delinquido al votar en la junta de gobierno local para dar luz verde a la construcción de una discoteca en una zona destinada a otros usos: donde había proyectados un quiosco de chuches y un parque infantil.

Y el caso Serrallo es solo la precuela del caso Nazarí, considerablemente más extenso –se abordan un total de ocho expedientes urbanísticos que se remontan a la etapa del PSOE– y también investigado por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada. Además, deberán depurarse responsabilidades por otros tantos casos que también están bajo sospecha, como la contratación de personal «fantasma» del partido a través de la empresa pública de servicios funerarios, los gastos extraordinarios de la televisión municipal o el «apagón» de las cámaras de multas a vehículos en las semanas previas a los últimos comicios, publicado por el periódico Ideal.

Entre Díaz y Pérez

El desenlace de esta encrucijada va para largo. El final de las actuaciones del caso Nazarí se solapará con las próximas elecciones municipales, para las que el PP tampoco tiene un líder definido, de momento. Sea cual sea el candidato, tendrá que lidiar con la renovación del grupo municipal; la última crisis particular del partido Granada tras muchos meses de pugnas internas y en contexto adverso: los sondeos apuntan –en sintonía con el panorama nacional– a un trasvase de votos del PP a Ciudadanos, que quedarían igualados y podrían formar gobierno en el Ayuntamiento de Granada.

Será en abril cuando por fin se conozca el resultado de la encuesta encargada desde Madrid, que se debate fundamentalmente entre la continuación de la actual portavoz, la malagueña Rocío Díaz, que ha tenido que hacerse cargo de un grupo municipal fracturado desde la Operación Nazarí, o el regreso al Ayuntamiento de Sebastián Pérez, presidente provincial desde hace casi 15 años y uno de los pocos corporativos que ha conseguido salir airoso de la etapa de Torres Hurtado; el mismo que antes de dimitir forzó a Pérez a renunciar a su acta de concejal para evitar que fuera él el alcalde de Granada tras ser detenido y expulsado del partido por el caso Nazarí.

Todo ello sin olvidar el último coletazo de la contienda que mantuvieron el pasado año Sebastián Pérez y el concejal investigado Juan García Montero, próximo al exalcalde, para hacerse con el liderazgo del partido en Granada. El todavía edil denunció formalmente a su propio partido por las supuestas irregularidades en el congreso provincial y el asunto está siendo también investigado y ya han sido tomadas las primeras declaraciones para dirimir si el comité organizador actuó de acuerdo a la legislación y a los propios estatutos del partido.