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Medio Ambiente

¿Se abre la puerta a la legalización de construcciones en la ecoaldea de El Calabacino de Huelva?

Un juzgado de Huelva da cinco años de margen a una familia para legalizar su casa antes de ordenar su demolición y la libra de ir a la cárcel

HuelvaActualizado:

El matrimonio formado por Juan Jesús Pérez y María Puente movilizó a parte de la comarca serrana de Huelva y las redes sociales para provocar una ola de solidaridad por su situación: tener un pie en la cárcel con dos hijos menores a su cargo por levantar una casa para vivir en la ecoaldea de El Calabacino (Alájar), en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

A las puertas del juicio, señalado hoy en el Penal 4 de Huelva, las cosas han dado un giro después de que la familia haya alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha tenido el visto bueno del juzgado. La sentencia de conformidad dictada deja en suspenso por cinco años la petición de prisión por delito contra la ordenación del territorio (un año y medio para cada uno de los dos acusados), a condición de que se lleve a cabo la demolición de la vivienda.

En ese punto, se da otro enfoque a la familia ya que la sentencia recoge la posibilidad de que la casa pueda mantenerse en pie si en este tiempo, las administraciones competentes (Ayuntamiento y Consejería de Medio Ambiente) declaran su legalidad de forma expresa.

Las obras, iniciadas en 2015 están casi terminadas y se realizan para vivienda habitual de los denunciados y sus hijos menores - aspectos ambos que se han tenido en cuenta en el acuerdo- en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del Parque Natural, que prohíbe e nuevas viviendas sin vinculación con usos agrícolas-ganaderos-forestales.

Las obras se detectaron en marzo de 2016, por lo que se abrieron entonces diligencias previas y, en vía administrativa, expedientes sancionadores por parte de la Delegación de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, ambos suspendidos por la tramitación de la causa penal.

Actualmente, ambas administraciones trabajan en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU ) con la posibilidad futura de legalizar lo construido.