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Doble crimen de Almonte

La familia de las víctimas de Almonte considera que el TSJA «raya la prevaricación» con su sentencia

Pide que los magistrados del Alto Tribunal andaluz sean apercibidos después de haber «pasado la pelota» al Supremo

La abuela y la madre de Miguel Ángel y la pequeña María- EFE/Julián Pérez

M. Rosa Font

La familia de Miguel Ángel Domínguez y la pequeña María , asesinados en su domicilio en Almonte en abril de 2013, ha afirmado que la sentencia que el pasado febrero emitió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia ( TSJA raya la prevaricación » al haber recibido «un soberano repaso » por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), que ha pedido la nulidad del fallo y la repetición del juicio contra el único acusado en la causa, Francisco Javier M.R., ex amante entonces de la madre y mujer de las víctimas, Marianela Olmedo.

La familia, que ha expresado su satisfacción por la posición de la Fiscalía, ha recordado que el mismo TSJA en su sentencia llegó a decir que existían indicios más que suficientes para haber declarado la culpabilidad del entonces acusado, pero que se remitía al carácter sucinto del veredicto expresado por el jurado popular.

La sentencia de Poncio Pilatos

«Esta familia no tuvo más remedio que calificar dicha sentencia como la de Poncio Pilatos», por cuanto el Alto Tribunal andaluz había desestimado en dos ocasiones la petición de puesta en libertad solicitada por la defensa y con su sentencia «evidenciaba que ni siquiera había estudiado mínimamente los planteamientos que presentábamos en nuestro recurso de apelación , basados fundamentalmente en la vulneración de la tutela judicial efectiva, como corrobora la Fiscalía del Supremo.

A juicio del entorno de las víctimas, desde el TSJA « pasaron la pelota » al Tribunal Supremo al no aportar razonamientos jurídicos de peso para desestimar la apelación. Ahora, el escrito de la Fiscalía del Supremo «retrata al TSJA y lo deja desnudo jurídicamente», punto en el que destacan que incluso llega a utilizar la expresión jurídica lapsus calami (falta de atención) referida «a la dejación que evidencia el TSJA en el análisis de algunas cuestiones del recurso»

La familia ha anunciado en un comunicado que solicitará en el momento oportuno que se estudie si las testigos Raquel Granado y Maite Espina incurrieron en un posible y grave delito de falso testimonio , ya que como ha puesto en evidencia el Ministerio Público, sus testificales son contradictorias.

Desde la cautela ante el posicionamiento que vaya a tomar el Supremo, «no nos queda sino esperar a que dicho tribunal nos dé la razón por cuanto la misma Fiscalía advierte en la sentencia del TSJA importantes defectos y carencias», y algo que consideran de mayor importancia, al afirmar la Fiscalía del Supremo de que existe «una intensísima carga probatoria contra el entonces acusado mediante una ingente cantidad de pruebas oficiales y testigos imparciales que – consideran- dejan al hoy absuelto contra las cuerdas».

El escrito de la Fiscalía «viene a establecer una línea de sentido común »a un caso que se presentó ante juicio «meridianamente claro», como siempre ha mantenido la Unidad Central Operativa encargada de la investigación, y que la defensa «consiguió torcer de manera torticera y que sin lugar a dudas ya hubiera estado resuelto si de ello se hubiese encargado un jurado profesional».

«Nos preguntamos si los miembros del jurado popular pueden conciliar el sueño ante tal cúmulo de despropósitos y si los magistrados y el ponente del TSJA encargado de redactar la sentencia no deben, al menos, ser apercibidos ante lo que es un auténtico desastre judicial».

Después de tres años en prisión y con cinco negativas de libertad desde distintas instancias judiciales durante la instrucción del caso y el juicio, la familia de Miguel Ángel y María ha manifestado que un jurado popular «en extrañas circunstancias se encargó de ponerlo en libertad» y la sentencia del TSJA que ratificó el veredicto ha sido cómplice de este desaguisado al no haber dedicado la atención adecuada y necesaria de acuerdo a la gravedad de los hechos» . La Fiscalía del Supremo – concluye la familia- «ha puesto el dedo en la llaga y ha dejado a los miembros de la Sala de lo Penal del TSJA ante el más absoluto de los descréditos ».

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