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Más del 50% de los guardas que vigilan Doñana carecen de autoridad para denunciar infracciones

Los celadores que hacen guardia durante la noche se ven incapacitados para ejercer esta labor

Miguel Ángel Jiménez

Actualmente el colectivo vinculado a servicios de Guardería en Doñana asciende a 73 personas. De ellas, 33 son Agentes de Medio Ambiente - funcionarios y por tanto agentes de la autoridad - , el resto es personal laboral, 40 Celadores Forestales y tres con otras categorías, realizando funciones de celador. Por tanto más de la mitad de la plantilla destinada a la vigilancia y protección del paraje no tiene presunción de veracidad, es decir, no gozan de la capacidad coercitiva para interponer denuncias por las diferentes infracciones que se puedan cometer en Doñana.

 A esto se suma el hecho de que, tras el traspaso de las competencias desde el Gobierno Central a la Junta, son los celadores forestales los únicos que realizan servicios de guardería durante las noches. Una consecuencia del cambio de marco legal en materia laboral que afecta a los agentes de Medio Ambiente, que en su etapa a las órdenes del Ministerio si hacían servicios nocturnos, mientras que al pasar a manos de la Consejería su carta de servicios dejó de contemplar esta tarea.

 A causa de esta situación, la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, no tramita los expedientes administrativos sancionadores  que corresponden a las actas de infracción levantadas por los celadores, según CC.OO. En otras palabras: cualquier infracción que intercepten los celadores durante su servicio queda impune.

  “Si interceptamos a algún furtivo nos vemos obligados a llamar a la Guardia Civil” explica Antonio Jesús Hernández, representante sindical de CC.OO. “A veces no hay patrulla de la Guardia Civil disponible, y otras tenemos que esperar varias horas a que se personen en el lugar, con el agravante de que al no ser agentes de la autoridad no sólo no podemos sancionar, sino que tampoco podemos retener a los infractores”, lamenta Hernández que propone la funcionarización del colectivo como una posible vía de solución.

 A esta situación añade algo más de surrealismo el hecho de que más del 50% de la plantilla – todos ellos celadores-, no podrían conducir los nuevos todoterreno que en el futuro aporte a la flota de vehículos la Consejería de Medio Ambiente. La normativa europea exige que los vehículos pertenecientes a los cuerpos de seguridad estén debidamente rotulados, y que no puedan ser conducidos sino es por un agente de la autoridad.

 Este cúmulo de circunstancias ha sido trasladado por el Comité de Empresa de Doñana a la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos de la Junta Andalucía, así como a los diferentes consejeros que desde 2006 han ostentado la cartera de medio ambiente, sin encontrar hasta el día de hoy una respuesta.

 

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