El murciélago se encuentra bajo un «régimen de protección especial»
El murciélago se encuentra bajo un «régimen de protección especial» - ABC
Sociedad

Caso de los murciélagos de Jaén: Cuando matar a animales okupas sale caro

La condena por la muerte de estos animales revela las duras penas fijadas por delitos contra la fauna protegida

JaénActualizado:

De vivir en Andalucía, Joker se lo habría pensado antes de atacar a un familiar de Batman: el Código Penal establece en el apartado de delitos contra la fauna condenas de hasta dos años de cárcel para quienes destruyan especies protegidas silvestres.

Como el murciélago de herradura. Lo que, sumado a que la ley de patrimonio natural y de la biodiversidad prohíbe bajo sanción destruir sus nidos, explica la petición del fiscal que ha solicitado un año y medio de prisión y la indemnización de 135.000 euros para 2 trabajadores por propiciar la muerte de 45 ejemplares que anidaban en el tambor de la persiana de un edificio de la Universidad de Jaén.

En el caso de que el delito se hubiera cometido por imprudencia grave, la pena de prisión estipulada sería menor, oscilaría entre los tres meses a un año de cárcel, pero el Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que los operarios causaron la mortandad adrede al percutir fuertemente con sus herramientas contra la madera de la persiana con la intención de expulsar a los murciélagos.

Lo consiguieron: 30 de ellos, las crías, fallecieron al caer desde una distancia de 7 metros. Los 15 ejemplares adultos, aturdidos, murieron poco después, también tras impactar contra el suelo.

El fiscal asegura en sus conclusiones provisionales que ambos trabajadores habían sido informados por un administrativo de que en interior del tambor de la persiana anidaba una colonia de murciélagos. Pero ellos, según expone, lejos de adoptar algún tipo de precaución, empezaron a forzar la persiana y a golpearla con fuerza para acelerar la salida de los mamíferos.

Por esta razón, considera que los hechos son constitutivos de un delito previsto y penado en el artículo 334.1 del Código Penal, que establece penas entre los 8 meses y los 2 años de cárcel. Si propone una condena próxima a la máxima prevista es porque se trata de especies protegida.

Respecto a la indemnización solicitada, es la Junta de Andalucía la que hace caja. Como los murciélagos de herradura forman parte de un grupo vulnerable catalogado dentro del listado de silvestres en régimen de protección especial su valor económico estimado es alto.

En concreto, según el Ministerio Público, cada uno vale 3.000 euros, por lo que, mediante una sencilla multiplicación, la muerte de 45 ejemplares supone un perjuicio para el medio ambiente de 135.000 euros.

Dinero que reclama a los 2 trabajadores, no el fiscal, sino, a través de él, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En concreto, su Delegación provincial. El objetivo es gastar este dinero en la reintegración de la especie.

El precio del lince ibérico, especie en peligro de extinción, es sustancialmente mayor al del murciálago. El coste de un ejemplar acribillado en un coto de Sevilla a principios de esta década ascendía a 115.000 euros.

La Consejería de Medio Ambiente cerró cautelarmente el espacio de caza tras la muerte del felino. Más dura fue la respuesta al envenenamiento de otro ejemplar en Andújar, cuyo cuerpo sin vida apareció en un gallinero.

Por su muerte, el fiscal solicitó el máximo de cárcel estipulado en el Código Penal para los 2 ganaderos acusados del presunto delito.